El grupo de turistas que permanece retenido por comuneros de Cuninico, distrito de Urarinas (Loreto), será liberado antes del mediodía de este viernes, 4 de noviembre. Así lo anunció el apu Watson Trujillo en una entrevista exclusiva a RPP Noticias.
“Se debe primar el derecho y respeto a la vida. En ese contexto, nosotros vamos a dar las facilidades para que las personas que están en la embarcación se puedan trasladar a sus destinos. Eso va a ser antes del mediodía”, declaró.
En el programa Encendidos, Trujillo recalcó que la medida de fuerza de su comunidad se produjo en reclamo por la desatención del Gobierno ante los constantes derrames de petróleo en el río Cuninico.
Es así que al menos 150 personas, entre turistas nacionales y extranjeros, permanecen retenidos a bordo de sus respectivas embarcaciones fluviales desde hace 24 horas.
“Esta medida, que se da por segunda vez, es por los constantes derrames de petróleo que se vienen dando en las comunidades nativas. […] Hemos ido a la embarcación para informarles [a los turistas] por qué se está haciendo esto: por la desatención del presidente”, manifestó.
En esa línea, el dirigente recalcó que los turistas que proximamente serán liberados han comprendido la situación de la comunidad de Cuninico, afectada por el derrame de crudo que se produjo en setiembre de este año.
“Ellos reconocen por qué estamos haciendo y eso nos ayuda. Sentimos que son aliados porque ven la realidad en la cual estamos viviendo”, precisó.
Aún no son contactados por autoridades
Tras remarcar que la comunidad de Cuninico exige que el presidente Pedro Castillo se dirija a la zona para conformar una comisión de alto nivel que atienda las necesidades de la población, el apu Watson Trujillo dijo que, en dos días de protestas, aún no son contactados ni por el Ejecutivo ni por congresistas de la región.
“Ninguna autoridad se ha comunicado con nosotros, solo la Defensoría del Pueblo”, lamentó.
Así, Watson Trujillo recordó que el pasado 17 de octubre se llevó a cabo una primera reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros, pero -alegó- no se propusieron soluciones concretas sobre la situación del agua potable, alimentación, salud y la remediación ambiental.
Son diez los días que la comunidad de Cuninico ha puesto como plazo máximo para recibir una respuesta certera del Gobierno. Aunque los turistas retenidos serán liberados antes del mediodía, la medida de fuerza se podría radicalizar en los próximos días ante la desatención de las autoridades.
¿Qué pasó en Cuninico?
El viernes 16 de septiembre, se difundió la primera alerta de la situación realizada por el apu Galo Vásquez. Según denunció, la ruptura de una tubería de Petroperú había ocasionado que el petróleo se disperse en la quebrada de Cuninico y, en una estela de contaminación aguas abajo, llegue al río Marañón.
“El Cuninico está en la boca de la quebrada que desemboca en las aguas del río Marañón. Todas las comunidades que están aguas abajo, llámese San Francisco, San Antonio, Esperanza, San Pedro y así sucesivamente hasta Nauta están afectadas porque la contaminación es bien ardua”, señaló ese día.
Aquel viernes ya la población se preparaba para lo peor: la ausencia de agua apta para cubrir sus necesidades básicas y la imposibilidad de pescar. Sin embargo, con el pasar de los días, el panorama parece agravarse.
El mismo 16 de setiembre, Petroperú informó que, al tener conocimiento del hecho, había movilizado «un equipo de respuesta de emergencias» a la zona y había activado su «Plan de Contingencia». Al día siguiente, vía Twitter, señalaron que «junto a las autoridades policiales» constataron que el derrame «fue resultado de un corte intencional de 21 centímetros (cm) a la tubería, que se realizó en el kilómetro 42+092 del Tramo I del Oleoducto Norperuano (ONP)».
Además, advertían que, desde diciembre del año pasado, el oleoducto había sufrido 11 ataques similares «con 46 cortes intencionales» que venían siendo investigados por la Fiscalía y la PNP. A su vez, señalaban que estaban coordinando «la entrega de víveres y agua», de manera temporal, para los pobladores de las comunidades afectadas.
