El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió este miércoles 28 de octubre un comunicado en el que condenó las expresiones agraviantes y las alusiones de connotación sexual realizadas por el excandidato presidencial Carlos Álvarez contra su presidente, Roberto Burneo. El organismo electoral cuestionó que el humorista reprodujera comentarios formulados anteriormente por Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, durante una actividad política desarrollada en el distrito de Lurín. La institución consideró especialmente preocupante que estas declaraciones se produjeran en un espacio público y ante la presencia de menores de edad.
La controversia surgió luego de que Carlos Álvarez recordara, en tono de burla, las expresiones utilizadas meses atrás por López Aliaga contra el titular del JNE, en medio de sus cuestionamientos al proceso electoral. Durante su intervención, el humorista hizo referencia al denominado «morrocoy», provocando las risas de algunos asistentes, incluido el dirigente de Renovación Popular. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran que varios niños se encontraban en el escenario mientras se realizaban los comentarios, situación que generó críticas y motivó el pronunciamiento de la autoridad electoral.
A través de su comunicado, el JNE sostuvo que «la crítica a las autoridades y las discrepancias políticas son legítimas en democracia, pero no justifican los agravios personales ni las expresiones que atentan contra la dignidad de las personas». Asimismo, advirtió que la reiteración de estas conductas contribuye a deteriorar el debate público. Frente a lo ocurrido, anunció que pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, para que evalúen las acciones correspondientes dentro de sus competencias.
El organismo electoral también informó que trasladará el caso a su Procuraduría Pública para que examine las posibles acciones legales ante las instancias competentes. No obstante, el comunicado no precisa la existencia de una denuncia penal formal ni establece responsabilidades contra los involucrados. El episodio se produce en un escenario de confrontación entre sectores políticos y autoridades electorales, donde los cuestionamientos a las decisiones del JNE han generado constantes controversias. La institución reiteró que defender el respeto a las autoridades no significa limitar el derecho a la crítica, sino exigir que las discrepancias políticas se expresen sin recurrir a agravios personales.
