“No podemos devolver plata que no existe”. Con esta lapidaria frase, la ministra de Economía María Antonieta Alva Luperdi, en más de una ocasión dejó sin piso el deseo de los aportantes y jubilados de la ONP de recuperar parte o el total del dinero descontado de sus sueldos para ser destinado al fondo común del sistema público de pensiones; sin embargo, aunque digan que no existe dinero qué devolver, sí hay fondos suficientes para pagar a abogados que, en un solo año pueden llevarse más de 20 millones, y en los últimos 7 años han recibido más de 100 millones de soles.
Según esta investigación periodística, son más de 15 los estudios legales que se beneficiaron a lo largo de los últimos siete años, recibiendo órdenes de servicio de hasta más de 1 millón de soles, como es el caso del estudio Laos, Lima, Aguilar & Asociados, que el 5 de enero de 2018 recibió una orden de servicio de la ONP por 1 millón 200 mil soles, la misma cifra recibida – y el mismo día – por el estudio Falcón Daaly & Otero.
Pero esa misma fecha, el estudio Muñiz fue el más grande beneficiado, al ser favorecido por la ONP con una orden de servicio de 4.5 millones de soles. Rivera Oré fue el segundo de la lista aquel día con 1.5 millones, seguido por otros estudios con montos menores, aunque nada despreciables, como Tuesta & Sedano con 1 millón 100 mil y los 800 mil para el estudio Rubio Leguía Normand & Asociados.
En total, aquel 2018, el organismo administrador del sistema público de pensiones repartió más de 21 millones de soles entre 17 estudios jurídicos, sin que a la fecha exista el registro y motivo de dichas contrataciones, puesto que la base de datos del sistema de contrataciones con el Estado (Seace), tan solo registra tres adjudicaciones para patrocinio legal de la ONP, como la contratación directa del 23 de mayo a Luis Alberto Liñán Arana, por 295 mil soles, para defender a la institución en procesos arbitrales; también está la contratación por 87 mil 900 soles del Consorcio Mza Rivera Ferreyeros, del 26 de julio, para un arbitraje contra el Consorcio de Gestión de Información y la del 8 de agosto a Cesar Efraín Abanto Revilla para defender a la entidad en un juicio contra Esalud, por 60 mil soles. Similar número de contrataciones formales se registraron en los diferentes periodos, a excepción del 2017, en la que – siempre según Seace – no se adjudicó contratos por defensa legal a ninguna entidad, sin que eso detenga los millonarios pagos.
Para el abogado y experto en contrataciones públicas, César Candela, la ONP habría incurrido en graves irregularidades al no registrar la contratación efectuada al grupo de estudios de abogados beneficiados con los millonarios desembolsos.
“El reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, señala que es obligatoria la publicación del acuerdo o de la resolución del titular de la institución cuando se toma la decisión de contratar a una persona natural o jurídica de una forma directa. Esto es responsabilidad del titular de la misma institución, y es gravísimo que no se pueda visualizar o hacer de difícil acceso la transparencia de las contrataciones de los distintos estudios”, aseveró.
En detalle, el mismo grupo de estudios jurídicos, vienen siendo favorecidos con regularidad desde el año 2013, sin proceso de contratación que se conozca. Por ejemplo, aquel periodo, se pagó 1 millón 93 mil soles, un año después el pago total se multiplicó a más de 9.2 millones, para el 2015 siguió subiendo a 10.4 millones, el 2016 se cerró con 11 millones de soles para aquellos mismos estudios de abogados. A partir del 2017 el pago por defensas legales no conocidas casi se duplicó a 20.7 millones; y mientras que el 2018 ascendió a 21.1 millones, el año pasado disminuyó a 18.7 millones de soles.
Para este año de pandemia los millonarios desembolsos continuaron a un ritmo de 8.1 millones de soles en lo que va del año y, nuevamente, sin que exista una contratación pública de por medio.
En todos estos años el más beneficiado fue Muñiz, que pasó de facturar 167 mil el 2016 a 6.4 millones un año después.
“La fiscalía, por oficio, debería abrir investigación penal contra todos los involucrados”, demandó la parlamentaria Cecilia García, reiterando la injusticia que padecen los jubilados de la ONP que carecen de una pensión.
“No sería nada extraño que estos estudios de abogados pagaran diezmos a funcionarios de la ONP; es indignante. No sabes cómo me arde la sangre de ver que esto suceda a costa del sufrimiento de miles de personas de la tercera edad a quienes utilizaron y pisotearon. Existen miles de viejitos rodeando el poder judicial exigiendo se le respete dos principios fundamentales: el de la dignidad y el derecho a una pensión”, mencionó García, de la bancada de Podemos.
Por su parte, Candela se sumó a la indignación de que se haya pagado más de 100 millones de soles en tiempos de pandemia.
“Es un escándalo que, estando en una pandemia, la ministra de Economía señale que no hay dinero (para devolver a los afiliados a la ONP) y estamos visualizando que el dinero se gasta de otra forma”, apuntó el experto.
Fuente: Exitosa
