La ministra de Economía, María Antonieta Alva, anunció hoy que el Gobierno interpondrá una demanda de inconstitucionalidad contra el Congreso de la República por haber aprobado por insistencia la ley que suspende el cobro de peajes en el Perú durante el estado de emergencia nacional por el coronavirus.
«Hemos advertido que esta ley es un subsidio indirecto a un grupo muy reducido de empresas que le va a costar a todos los peruanos. Vamos a iniciar la demanda de inconstitucionalidad en los próximos días», dijo Alva.
Dicha norma, vale remarcar, fue aprobada en la víspera por el Pleno del Parlamento con 102 votos a favor, 1 en contra y 25 abstenciones.
Las objeciones del Ejecutivo radican en que la afectación de contratos viales por intermedio de una ley podrían provocar «demandas a nivel judicial y, por consiguiente, el pago de altas indemnizaciones a favor de los concesionarios».
Asimismo, se corre el riesgo de que cesen las obligaciones de las empresas como el mantenimiento de carreteras, atención de emergencias, recojo de basura y desmonte, entre otras.
A ello hay que sumarle que el Gobierno estableció que Provías Nacional suspenda el cobro de peajes de la red vial no concesionada durante toda la emergencia sanitaria, con lo que, de los 78 peajes que hay en el país, 56 ya interrumpieron los cobros.
El abogado constitucionalista Domingo García Belaunde manifestó que esta ley es inconstitucional, pues quiebra el artículo 62 de la Carta Magna. «Esto es una demagogia barata que nos va a traer muchos problemas», declaró a EXPRESO.
