El presidente de la República, Martín Vizcarra, indicó que no están dadas las condiciones para iniciar el proyecto de cobre Tía María en la provincia de Islay, región Arequipa.
“Hay que distinguir un trámite meramente administrativo que cumplió la empresa minera, y lo que correspondía legal y administrativamente es otorgar la licencia de construcción. Pero esto no significa la autorización para empezar la construcción porque no están dadas las condiciones. En ese aspecto hay coincidencia con la población, dirigentes y las autoridades locales”, expresó Vizcarra en declaraciones a la prensa.
El jefe de Estado reiteró que su Gobierno está abierto al diálogo, a fin de aclarar las dudas que existen en torno a la actividad minera en la zona del Valle de Tambo. “Este es un Gobierno dialogante, este es un Gobierno que no impone las cosas, y que está convencido de que mediante el diálogo y la búsqueda de un consenso, se toman las mejores decisiones en beneficio de la propia población”, manifestó.
“En un diálogo, sentados en una mesa en las condiciones adecuadas, se exponen argumentos. Estamos con la mayor disposición de escuchar, este Gobierno escucha y no impone, lo hemos demostrado en diferentes proyectos”, añadió.
Vizcarra aprovechó para poner como ejemplo el proyecto minero Conga en Cajamarca. “Conga en algún momento se quiso imponer, y las consecuencias es que no se está trabajando (ese proyecto), porque se quiso usar el camino de la imposición, y nosotros no vamos por ese camino”, sentenció.
Proclamando arengas en contra de la minera Southern Copper Corporation, decenas de pobladores del distrito Cocachacra y anexos de la provincia de Islay acataron de forma pacífica el paro indefinido en contra del proyecto Tía María.
La plaza San Francisco fue el punto de concentración de los manifestantes que llegaron a pie y otros grupos provenientes de los anexos se trasladaron en camiones. Cada uno llevaba consigo banderines verdes con frases alusivas a la defensa del agro y en contra de la actividad minera.
Acudieron representantes de la Defensoría del Pueblo y Ministerio Público. Los primeros, velaron por el cumplimiento del derecho a la libre protesta y salvaguardaron la seguridad de la población.
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