Cuatro académicos estadounidenses dirigieron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para pedirle que retroceda en la decisión de extraditar al Perú al expresidente Alejandro Toledo por cuestiones “humanitarias”, además indican en su carta que en el Perú existe una profunda discriminación racial,.
Las personas son Martin Carnoy, William L. Clayton y Francis Fukuyama, profesores de la Universidad de Stanford, donde Toledo también fue docente; y el izquierdista Steven Levitsky, profesor de la Universidad de Harvard, quien en varias oportunidades ha aparecido en medios peruanos a hablar sobre la realidad política del país.
Estos académicos señalan que se debe suspender extradición de Alejandro Toledo por “consideraciones humanitarias y de derechos humanos”.
“Como politólogos y científicos sociales con décadas de experiencia en el estudio de la política peruana, y democracia más ampliamente, le escribimos para instarlo a suspender la reciente decisión del Departamento de Estado de extraditar al expresidente Alejandro Toledo a Perú. Cualesquiera que sean los argumentos legales para extradición, creemos que hay consideraciones humanitarias y de derechos humanos apremiantes que debemos, en consonancia con nuestros valores democráticos, anularlos en este momento”, indica la carta.
Además, estos académicos que firman la carta aseguran que el expresidente Alejandro Toledo no tendrá “un juicio justo y expedito en Perú”, agregan que en el Perú las instituciones políticas son inestables y sin legitimidad. También indican que en el Perú existe una profunda discriminación racial.
“Simplemente no hay perspectiva de que el Sr. Toledo pueda obtener un juicio justo y expedito en Perú hoy. Como sin duda sabrá, los sistemas político y judicial de Perú están en profundas, si no sin precedentes, confusión. Las instituciones políticas del país son altamente inestables y sin legitimidad pública, y sus instituciones legales han sido corrompidas y peligrosamente politizadas. Políticamente y socialmente, el país está profundamente polarizado. Un elemento de esta polarización es la profunda discriminación racial división entre los peruanos de origen indígena (de los cuales el Sr. Toledo fue el primero democráticamente presidente electo de Perú) y los de ascendencia europea. Prácticamente lo único peruano coinciden es su desprecio compartido por los políticos, pasados y presentes. El sistema judicial tiene con frecuencia se han convertido en armas para obtener ganancias a corto plazo. El sistema de justicia penal de Perú ahora se ubica en el 20 por ciento inferior de los países calificados por el Proyecto de Justicia Mundial para 2022.
También apelan a los 77 años que tiene Alejandro Toledo y se encuentra muy enfermo que depende de varios medicamentos para su salud.,
“También destacamos aquí la consideración humanitaria. El señor Toledo tiene 77 años y está enfermo. salud, dependiente de varios medicamentos. Si es devuelto, sería enviado inmediatamente a pre-prisión preventiva, posiblemente durante muchos años, antes de que pudiera obtener un rial. Si el Perú Si el gobierno fuera estable con un estado de derecho, le instamos a que considere solicitar el arresto domiciliario por el señor Toledo como condición para su extradición a Perú, pero no hay manera de asegurar que lo que hoy es gobierno peruano pudiera prometer se cumpliría necesariamente en seis o doce meses, cuando Es casi seguro que el Sr. Toledo seguirá esperando el juicio”, señala la carta de los politólogos.
“Finalmente, creemos necesario considerar los aportes que el señor Toledo hizo a la democracia durante su mandato como Presidente del Perú (y posteriormente). No sólo arriesgó su vida para desalojar a un dictadura y devolver al Perú a la democracia, pero como presidente tenía un sólido historial de respeto democracia y derechos humanos. Fue un socio democrático confiable en un momento en que el vecino Bolivia, Ecuador y Venezuela se deslizaban hacia el autoritarismo. Como presidente, también apoyó firmemente la Carta Democrática Interamericana, que fue adoptada en septiembre de 2001 en una Asamblea General de la OEA que su gobierno acogió. Creemos que devolver a alguien suyo credenciales democráticas a un país que está retrocediendo hacia el autoritarismo o la anarquía no es una buena ‘manera de demostrar nuestro compromiso con la democracia y los derechos humanos. Por todas estas razones, le instamos a suspender la decisión de extradición.
