El Congreso de la República declaró este miércoles como organización terrorista en el país al cartel de los Soles, una estructura criminal internacional vinculada al régimen de Nicolás Maduro y relacionada con el narcotráfico, así como con grupos delictivos como el Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa.
La moción, impulsada por los congresistas Jorge Montoya, Alejandro Cavero y Norma Yarrow, fue aprobada con 73 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones, sumando al Perú a países como Argentina, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y los Estados Unidos, que en los últimos días ha desplegado una flota en aguas del Caribe sudamericano con el propósito de combatir a este y otros grupos criminales.
La petición también exhorta al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias en los ámbitos de política exterior, seguridad y defensa nacional, con el fin de que el Perú se sume a los esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha frontal contra esta organización criminal.
Esto se debe, según se señala, al grave riesgo que representan las actividades ilícitas del cartel de los Soles para la estabilidad democrática del país y la seguridad de sus ciudadanos.
Durante el debate, la moción fue sustentada por Jorge Montoya, quien afirmó que la criminalidad, el narcotráfico y el terrorismo son amenazas regionales que provienen de Cuba y Venezuela, y que el Perú debe estar preparado para defenderse.
“Debemos sentar una posición al respecto para poder después generar los elementos que se requieren para defender nuestra soberanía e integridad y evitar que la población se vea dañada con las amenazas que se están presentando”, explicó.
Las únicas bancadas que se opusieron a la aprobación de la moción fueron las de izquierda. Según argumentaron algunos de sus congresistas, como Jaime Quito, esta iniciativa responde a una intención de Estados Unidos de ingresar en territorio venezolano con el objetivo de apoderarse de recursos como el petróleo.
En ese sentido, manifestaron que “no se debe permitir que se intervenga” a un país latinoamericano y que el Congreso “no debe involucrarse en temas ajenos a su política”.
