El abogado constitucionalista Omar Cairo indicó que la única vía para realizar una eventual Asamblea Constituyente, a través de un referéndum, es modificando el artículo 206 de la Constitución Política del Perú.
“La única forma para convocar una Asamblea Constituyente, a través de referéndum, sería reformando el artículo 206, o promoviendo el momento constituyente, que es el consenso de todas las fuerzas políticas, que por lo menos en estos momentos no se ve como algo posible”, dijo en entrevista para Exitosa.
Recordó que la modificación de este artículo puede ser solicitado por el presidente de la República, los congresistas y los ciudadanos. Sin embargo, deberá ser el Parlamento quien finalmente decida aprobar esta modificatoria.
“El presidente lo mencionó en su mensaje de 28 de julio, sobre proponer una reforma constitucional de artículo 206 para que se introduzca una tercera vía para reformar la Constitución. Es decir, un referéndum, sin pasar por el Congreso, donde se le pregunte a la gente si quiere o no una Asamblea Constituyente“, remarcó.
El especialista también se refirió al reciente proyecto de ley que plantea que toda reforma constitucional, como la de permitir una convocatoria a Asamblea Constituyente, deba ser aprobada primero por el Congreso de la República.
Indicó que una eventual aprobación de esta autógrafa de ley no va a cambiar la realidad jurídica. Afirmó que esta ley interpretativa solo reafirma lo que ya está escrito en la Carta Magna.
“La ley que limita el referéndum es innecesaria. Esta ley menciona lo que ya dice la Constitución, que toda reforma total o parcial de la Constitución tiene que ser antes aprobada por el Congreso. Si esta ley se promulga, la realidad jurídica no va a cambiar”, añadió.
Sobre proyecto de ley
La autógrafa de ley que pone límites al referéndum, impulsada por legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, modifica los artículos 40 y 44 de la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos.
El objetivo de esta iniciativa es prohibir la convocatoria a consulta popular para reformas constitucionales que no hayan sido discutidas ni tramitadas previamente en el Parlamento.
Ante ello, el Poder Ejecutivo observó la ley al considerar que la autógrafa atenta contra el derecho fundamental a la participación política plena y al referéndum.
