Un reportaje del programa Cuarto Poder reveló que la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, liderada por el exministro del Interior Juan José Santiváñez, representa un gasto anual de aproximadamente S/ 900 mil solo en sueldos, sin considerar costos de mobiliario, logística ni otros gastos operativos. Esta oficina fue creada durante el gobierno de Dina Boluarte y ha estado en el centro de la polémica por sus altos costos y posibles vínculos con proyectos de inversión pública.
Según la investigación, la oficina cuenta con un reducido equipo conformado por dos especialistas en monitoreo (que ganan S/ 11 970 mensuales cada uno), dos analistas (S/ 7 135), una secretaria (S/ 4 000) y un asistente (S/ 3 000). Además, figura un asesor FAG, contratado fuera de planilla con un sueldo superior a los S/ 15 000. Entre ellos se ha identificado a Linnet Echegaray, exasesora del Ministerio del Interior en la gestión de Santiváñez, quien cobró más de S/ 21 000 entre mayo y junio.
El reportaje también reveló que algunos alcaldes que visitaron esta oficina fueron beneficiados posteriormente con partidas presupuestales incluidas en el Proyecto de Ley 11923/2024, que busca aprobar un crédito suplementario de S/ 636 millones. Entre ellos están los alcaldes de Santa Lucía (Puno), Ancón y el Rímac, cuyos municipios recibirán millones de soles para destrabar proyectos locales. Sin embargo, estas autoridades evitaron responder sobre el vínculo entre sus visitas y el financiamiento aprobado.
El analista político Iván García advirtió que esta oficina estaría adquiriendo un rol político cada vez más fuerte, comparable al de la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que genera dudas sobre su verdadera función y nivel de influencia en decisiones de inversión pública. La cercanía entre algunos funcionarios actuales del despacho y el entorno del exministro también ha encendido las alertas sobre posibles actos de favoritismo.
Tras la difusión del reportaje, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que informó que actualmente la Oficina de Monitoreo cuenta con solo dos personas, una de ellas contratada mediante el Fondo de Apoyo Gerencial. Asimismo, negó que se hayan gestionado fondos para municipios a través de reuniones con Santiváñez y reafirmó su compromiso con una gestión transparente y con diálogo permanente con las autoridades locales.
