Este jueves 10 de octubre se cumple un año desde que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida de manera preliminar en una sede del Ministerio Público, como parte de las investigaciones por presuntos aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.
La detención preliminar fue dictada por un plazo de 10 días por el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho, quien aprobó el pedido del fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez.
Keiko Fujimori fue intervenida cuando acudía a brindar su declaración ante el equipo especial Lava Jato. Sin embargo, siete días después, la Segunda Sala Penal de Apelaciones revocó la orden detención preliminar.
La orden de detención contra la lideresa de Fuerza Popular incluyó a otras 19 personas, entre ellas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, todos investigados por supuestamente haber participado en la recepción y ocultamiento de fondos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.
José Domingo Pérez atribuyó a la excandidata de Fuerza Popular el puesto de presunta líder de una organización criminal formada al interior de su partido por recibir aportes ilícitos.
El pedido de detención preliminar se basó en información nueva recabada por la fiscalía peruana desde Brasil, la que fortalecía la hipótesis de que el partido de Keiko Fujimori recibió aportes por 1,2 millones de dólares para su campaña de 2011.
Cabe destacar que 10 días después de este requerimiento, José Domingo Pérez realizó otro pedido en contra de Fujimori Higuchi, en la forma de una solicitud de prisión preventiva por 36 meses. Tras varios días de audiencia, el juez Richard Concepción Carhuancho decidió acceder al pedido del Ministerio Público y le impuso esta medida a la excandidata presidencial.
Keiko Fujimori recibió los 36 meses de prisión preventiva el 31 de octubre del 2018. Un día después fue trasladada al Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos, donde permanece hasta la fecha. Desde entonces, la Corte Suprema redujo de a 18 meses la restricción contra la excandidata presidencial y estableció como su fecha de liberación el mes de abril del 2020.
