El juez supremo César San Martín exhortó al Ejecutivo y Legislativo ponerse de acuerdo para solucionar el problema de hacinamiento en las cárceles del país. Aunque también, instó al presidente Martín Vizcarra a solicitar facultades legislativas para emprender medidas en materia penitenciaria.
«Si el gobierno considera que no tiene facultades precisas sobre este tema (seshacinamiento penitenciario), pues que las pida», dijo en entrevista para El Comercio.
Para el magistrado, el Congreso deformó la iniciativa legislativa que el Poder Judicial había planteado para resolver, a la brevedad posible, la situación de varios reclusos que podrían ser excarcelados.
«Nos llama la atención (la decisión de archivo), nos duele, porque creo que hay un problema irresuelto que debe de abordarse desde el Congreso, y me temo que si esto no se hace en el tiempo necesario y prudente, los problemas de la pandemia se van a agudizar en los penales, más allá del trabajo que está haciendo el Inpe para tratar de paliar los problemas», indicó.
Preocupan las «sutilezas jurídicas» en el día 62 de la emergencia sanitaria, lo que significa que hasta la fecha no se ha emitido ni una respuesta legislativa a esta problemática y, mucho menos, pareciera haber interés en hacerlo. El juez dijo, en este sentido, que es momento de fijar criterios razonables.
«Ojalá que el gobierno se ponga de acuerdo con el Congreso, fijen criterios razonables y se de una legislación a tono con la exigencia del país (…) Lo que hemos dicho siempre es que las medidas frente al hacinamiento, como proyecto estructural y frente a la Covid-19, son un tema de urgencia de salud y que genera un problema de derechos humanos. Ya sabemos quiénes son la población riesgosa, mayores de la tercera edad, con enfermedad crónica, mujeres embarazas, mujeres con hijos lactantes y pequeños», expresó.
En otro momento de la entrevista, el magistrado dijo al Parlamento que los reos no deben generar provecho político para nadie.
«Los presos no son redituables políticamente. Está la demonización del preso, pero yo creo que, con independencia de esa observación, tiene que hacerse algo. No hacer nada es condenar a la muerte y a serios riesgos a esta población que son más de 97 mil personas. No todos van salir, desde luego, pero se requiere contemplar el problema», señaló.
