Según informaciones difundidas por el diario La República reveló que la constructora Graña y Montero interpuso una demanda contra el Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la anulación del contrato del Gasoducto del Sur.
El consorcio integrado por Odebrecht (55 %), Enagás (25 %) y GyM (20 %) perdió la licitación del proyecto gasífero al no demostrar tener el financiamiento necesario para la ejecución de la obra.
El mencionado medio de comunicación indicó que la acusación aún está pendiente de valoración en el CIADI, y que los ministerios de Energía y Minas y Economía y Finanzas ya han sido notificados al respecto.
Esta demanda se suma a la que antes había presentado la española Enagás por 1980 millones de dólares, monto que habría invertido la firma en el Gasoducto.
Como se recuerda el pasado 4 de diciembre, la juez María de los Ángeles Álvarez declaró fundado el pedido del fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, para incorporar a 16 empresas, entre ellas a Graña y Montero, como investigadas en el caso ‘Club de la Construcción’.
En su resolución, la magistrada considera que estas compañías conforman una supuesta organización criminal. “Los elementos (entregados por la Fiscalía) versan sobre la presunta existencia de la organización criminal, sus componentes (interacción entre estos), acuerdos abordados, finalidades, entre otros; detallando los que a nuestro criterio han resultado relevantes atendiendo a la naturaleza”, se puede leer en la resolución a la que tuvo acceso el diario Gestión.
