El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, designó a la abogada Susana Silva Hasembank como nueva presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tras la renuncia de Rafael Eduardo Castillo Alfaro al cargo de Vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario, quien, además, asumió la encargatura de la presidencia de esta institución.
La designación de la funcionaria fue oficializada mediante resolución suprema publicada hoy en el diario oficial El Peruano. También se resolvió designar a Carlos Alfonso Martín Diaz Orbegoso en el cargo de Vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario y a Leoncio Delgado Uribe en el cargo de Tercer Miembro de esta institución.
Susana Silva es licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Derecho Aplicado al Desarrollo de la Universidad de Warwick, Inglaterra. Anteriormente fue designada Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, cumpliendo la función de Secretaria Técnica de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
Además, ha ocupado diversos cargos en la administración pública como Vicepresidenta del Instituto Nacional Penitenciario, Defensora Adjunta para la Admistración Estatal de la Defensoría del Pueblo e Inspectora General del Ministerio del Interior.
Asimismo, ha sido Presidenta del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ejercido la representación de Perú ante los grupos de trabajo anticorrupción de la OEA, Naciones Unidas, APEC y OCDE.
Semanas atrás, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, anunció que se tiene previsto aplicar la prueba rápida de COVID-19 a todos los servidores penitenciarios (11 mil personas) y al íntegro de la población penitenciaria (90 533 personas) en los más de 60 establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
