La Fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, en un movimiento que ha generado gran controversia política y mediática, solicitó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia de la República la declaración de ilegalidad de la organización política Fuerza Popular.
El pedido se sustenta en presuntas conductas antidemocráticas atribuidas al partido, como vulneración de derechos y libertades fundamentales, persecución política, obstrucción de la justicia y legitimación de la violencia como método de presión. En su escrito, de más de 300 páginas, la magistrada argumenta que dichas prácticas contravienen los principios democráticos establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas.
Este hecho ocurre en un contexto marcado por la inminente suspensión de Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación por decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo que ha despertado críticas respecto a la oportunidad y motivación de la medida. Diversos sectores han calificado el acto como una estrategia política desesperada, aludiendo a que la Fiscal estaría “muriendo matando” al pretender dejar un golpe de efecto antes de su salida.
El caso abre un nuevo frente de tensión entre la Fiscalía, el sistema de justicia y las fuerzas políticas del país, en particular Fuerza Popular, que enfrenta una de las ofensivas judiciales más fuertes de los últimos años.
