La titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, anunció la creación de la Fiscalía Superior de Derechos Humanos, con el objetivo de investigar las muertes producidas durante las violentas protestas a nivel nacional.
Patricia Benavides sostuvo en un video luego de la reunión con los coordinadores de las fiscalías especializadas y equipos especiales del MP, que Marena Mendoza estará a cargo del equipo de trabajo.
«Se tomó la decisión de crear a una nueva Fiscalía Superior de Derechos Humanos que estará a cargo de la fiscal superior, Marena Mendoza quien cuenta con amplia experiencia de gestión en el sistema fiscal y tendrá a cargo la coordinación nacional», asevero en primera instancia.
De acuerdo a ello, se estableció que se han separado las fiscalías de DD. HH con las de Terrorismo, bajo la premisa de darle prioridad a la vulnerabilidad y la afectación a la «víctima».
«Es la primera vez que el Ministerio Público, a pesar de las limitaciones presupuestales, decide que la Fiscalía de Derechos Humanos, sean independientes de las Fiscalía de Terrorismo (…) Obedece a la necesidad de aplicar el enfoque de los DD.HH a las investigaciones especializadas en las graves violaciones de DD.HH y el enfoque de víctima».
Por otra parte, señaló que existen 254 diligencias en la que hallan 16 carpetas fiscales sobre el fallecimiento de 49 personas, 32 por lesiones 203 por ciudadanos arrestados por perpetrar actos vandálicos y tres por el ataque a las sedes del Ministerio Publico en las marchas en todo el territorio nacional contra el Gobierno de Dina Boluarte Zegarra; añadiendo que «se debe precisar que 30 locales fueron siniestrados en Puno, Apurímac, Huancavelica y Arequipa».
Asimismo, la titular del Ministerio Público señaló que se ha dispuesto que, en Puno, se abra una oficina de Fiscalía en Derechos Humanos para que se investigue de manera correcta las presuntas violaciones; debido a las manifestaciones que persisten en el departamento.
Por último, apuntó que la entidad que preside, vela por no sindicar el alzamiento de voz de la población como un «crimen»; sin embargo, mencionó que deben realizar las indagaciones correspondientes para establecer las causas y los responsables de los decesos y un presunto ataque de las fuerzas del orden a los individuos.
En el Ministerio Público somos respetuosos de los derechos internacionales, también sabemos del derecho a la protesta pacífica, lo que no corresponde a hechos de violencia. No criminalizamos la protesta, pero debemos investigar», culminó.
