Katherine Ampuero, exprocuradora ad hoc para el caso Lava Jato, no solicitó la inclusión de Enagás como tercero civil responsable en la primera investigación del caso Gasoducto Sur Peruano, realizada en 2017, y ello habría favorecido a la empresa en su demanda contra Perú ante el CIADI.
Enagás ha fijado en $1980 millones el monto que debería pagarle el Estado Peruano en caso prospere su caso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones por su retiro de la concesión del GSP.
Cuarto Poder reveló que durante las pesquisas preliminares, a cargo del fiscal Reynaldo Avia, se investigó por colusión a Edgard Ramírez Cadenillas, quien era el presidente de Proinversión que otorgó la buena pro; y a Claudia Hokama como representante del consorcio en el año 2015.
Por entonces, la Procuraduría Anticorrupción logró en junio de 2016 sumarse como actor civil con la posibilidad de que en el futuro se pueda incorporar a las empresas del consorcio Gasoducto Sur Peruano como terceros civilmente responsables.
Pese a que en el relato de la solicitud al Poder Judicial se mencionó a Enagás, Katherine Ampuero omitió solicitar la inclusión de la empresa como responsable en el caso, de acuerdo al programa dominical. La investigación preparatoria concluyó el 20 de marzo de 2017.
Un día después, el 21 de marzo, la entonces procuradora Ad Hoc recién realizó una solicitud para incorporar al consorcio GSP y a Odebrecht. El pedido fue hecho de forma extemporánea y continuó sin incluir a Enagás.
Al año siguiente, la empresa solicitó una demanda de arbitraje contra el Estado Peruano con la ventaja de que no tenían ningún proceso por corrupción en el país.
José y Hernando Graña: “(Empresa Española) Enagás sí tenía conocimiento”
José Graña Miró Quesada y su primo Hernando Graña Acuña, en sus manifestaciones en la condición de colaboradores eficaces como cabezas visibles de Graña y Montero, no solo comprometieron a sus socios de Odebrecht en el proyecto del Gasoducto del Sur, también involucraron a los españoles de Enagás.
La jugada de Odebrecht de sacar a Graña y Montero del consorcio y colocar en su lugar a Enagás porque la expareja presidencial, conformada por Ollanta Humala y Nadine Heredia, no quería ver a los Graña, se consumó con conocimiento y participación de la compañía española. Enagás también estaba al tanto de que una vez ganada la licitación, Graña y Montero se incorporaría, tal como lo explicó José Graña. La República tuvo acceso a esa declaración.
Enagás se pronuncia sobre caso Gasoducto Sur Peruano
A través de un comunicado, la empresa española señaló que no ha participado ni tenido conocimiento de acto ilícito alguno con ocasión de la licitación y adjudicación internacional del proyecto GSP.
“Enagás Internacional es enfática en señalar que cualquier hipotética aceptación o delación de terceros relacionada con presuntos pagos indebidos o ilícitos a funcionarios públicos o privados, a propósito de la obtención de la buena pro del proyecto GSP, es ajena a Enagás Internacional, pues no tomó parte en acciones irregulares o ilícitas, ni tampoco tuvo conocimiento de las mismas”, indicó.
También remarcó su postura de colaborar con la justicia peruana durante la investigación para el esclarecimiento de los hechos en que estén presuntamente implicados.
