Según un informe periodístico de Daniela Mercado para el diario La República, la denuncia por genocidio interpuesta por Liliana Humala hacia el presidente Martín Vizcarra no tendría validez debido a que no tiene un sustento legal que corrobore que el mandatario haya hecho uso del contexto de la pandemia para generar algún daño a la población.
La especialista y abogada penalista, Romy Chang, indicó que para que se determine el delito de genocidio tiene que demostrarse que ha habido una intención en la exterminación de cierta parte de la población, sin embargo, no considera que el mandatario haya tenido este propósito.
“Yo no veo técnicamente un sentido en esta denuncia, no la veo viable. (…) No hay forma alguna de decir que el coronavirus es un elemento que el presidente ha utilizado para atacar a una parte de la población. Además, la existencia de la COVID-19 nunca dependió del presidente Vizcarra. (…) Es evidente que no hay ningún tipo de genocidio”, declaró la abogada.
Por otro lado, el jurista Carlos Cano indicó que dicho delito es conocido a nivel internacional, por lo que deben cumplirse ciertos factores para que sea considerado como genocidio. Además, sostuvo que pese a que el gobierno haya presentado muchas deficiencias, no ha tenido la intención de generar daño a la población.
“Es una denuncia exagerada, inviable. Para empezar el delito de genocidio está calificado como un delito penal internacional, no es matar personas, sino tener un plan para erradicar a una comunidad. Creo que es una denuncia que parte de una idea totalmente equivocada, que no se confunda con el delito de lesiones u homicidio, porque es más que ellos”, sostuvo para este diario.
Sin embargo, Chang consideró esta situación como un acto político con la intención de favorecer a un grupo opositor que no estaría de acuerdo con las medidas que establece el Gobierno
“No tiene ni pies ni cabeza, es bien absurdo desde el punto de vista penal. Lo que refleja es que hay un ánimo político. No podría prosperar una denuncia así”, señaló.
Ante ello, los especialistas indicaron que dicho proceso puede ser archivado al carecer de sentido común, sin embargo, si algún juez tomará la decisión de iniciar un proceso, este se realizaría una vez concluido el mandato del Jefe de Estado.
