El abogado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, quien ejercía como representante legal de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha sido detenido por orden del Poder Judicial. La medida cautelar, que también incluye a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, fue emitida el viernes 10 de mayo por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a solicitud del Ministerio Público.
Según la Fiscalía, Castañeda enfrenta cargos por organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado. Se le acusa de intentar obstruir la investigación del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) contra Nicanor Boluarte, con el objetivo de evitar que se persiga a su hermano. Para ello, presuntamente ofreció protección gubernamental a los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Pajuelo, coordinadores del Equipo Especial PNP.
La Carpeta Fiscal 11-2023 revela que, al no lograr sus objetivos, Castañeda habría iniciado acciones para desprestigiar al equipo fiscal. Además, se le vincula con la red criminal conocida como Los Waykis en la Sombra, en la que habría ejercido como protector legal y defensa de individuos implicados en actos de corrupción.
Esta detención se produce días después de que el Gobierno desactivara el equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que apoyaba al Eficcop, generando controversia y dando lugar a investigaciones administrativas y legales contra los responsables de dicha medida.
La organización liderada por Nicanor Boluarte, según la tesis fiscal, habría estado compuesta por el propio Castañeda, quien se habría encargado de captar prefectos y subprefectos para recolectar fondos y firmas destinados a la creación de un nuevo partido político, Ciudadanos para el Perú.
Además de los mencionados, otros investigados en el caso Los Waykis incluyen a José Luis Marreros, Noriel Chingay Salazar, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino y Edwin Walter Ugarte Nina.
La Fiscalía de la Nación ha anunciado investigaciones contra altos funcionarios del Ejecutivo basadas en presuntos indicios de delitos, después de la emisión de la Resolución 0610-2024-IN, que desactivó al Equipo Especial de Apoyo a Eficcop. Esta decisión parece estar vinculada a la orden de detención preliminar dictada contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros investigados.
