La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución en la que condena al Estado peruano por haber liberado al expresidente Alberto Fujimori, quien fue sentenciado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
Según la Corte IDH, el Perú incurrió en un «desacato» al no acatar las órdenes que le había dado en diciembre de 2023, cuando le solicitó que se abstuviera de ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el indulto humanitario que le había otorgado el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en 2017.
La Corte IDH consideró que el TC no aplicó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizar un control jurisdiccional de dicho indulto, y que, por lo tanto, su fallo vulneró el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, en los que Fujimori fue hallado responsable de las matanzas perpetradas por el grupo paramilitar Colina.
Asimismo, la Corte IDH ordenó al Estado peruano que someta a una supervisión reforzada la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen fujimorista, y que presente un informe al respecto a más tardar el 4 de marzo de 2024.
La Corte IDH recordó que el Perú está obligado a cumplir con sus sentencias y medidas provisionales, en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual es parte y que reconoce la jurisdicción contenciosa de dicho tribunal.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su rechazo a la liberación de Fujimori y advirtió que conceder indultos u otras exenciones de responsabilidad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad puede generar una forma grave de impunidad.
La CIDH instó a todas las autoridades estatales a realizar un control de convencionalidad de oficio, teniendo en cuenta la Convención Americana y la interpretación que de la misma realiza la Corte IDH, y a tomar medidas efectivas para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, en respeto a su dignidad.
Fujimori, de 85 años, fue trasladado el pasado 4 de diciembre de 2023 desde el penal de Barbadillo, donde cumplía su condena, a una clínica privada, donde permanece bajo custodia policial. Su defensa ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Poder Judicial para que se respete la decisión del TC que le otorgó la libertad.
