El fiscal del tercer despacho del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, solicitó el martes en la tarde que se dicte una orden de prisión preventiva contra 16 árbitros legales en el marco del caso Odebrecht.
Entre los comprendidos en el requerimiento del Ministerio Público se encuentra Humberto Abanto Verástegui, el actual abogado del investigado en el caso de Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama.
Los abogados comprendidos son:
- Mario Castillo Freyre
- Randol Campos Flores
- Luis Pardo Narváez
- Richard Martín Tirado
- Weyden García Rojas
- Luis Pebe Romero
- Emilio Cassina Rivas
- Alejandro O. Álvarez Pedroza
- Ramiro Rivera Reyes
- Franz Kundmüller Caminiti
- Fernando Cantuarias Salaverry
- Marcos Espinoza Rimachi
- Alfredo Zapata Velasco
- Daniel Martín Linares Prado
- Emilio David Cassina Ramón
- Humberto Abanto Verástegui
Jorge Muñoz defiende contratación de Mario Castillo Freyre
Como se recuerda el alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, defendió la contratación del abogado Mario Castillo Freyre, investigado por presuntamente favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en laudos arbitrales, a quien calificó como un «profesional de primer nivel» y talla internacional.
“El señor Castillo fue árbitro, no de Odebrecht, ni de otras empresas que hayan estado en la lista de las cuestionadas. Fue un árbitro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo han puesto dentro de una bolsa de gente que está siendo indagada, pero eso no significa que tenga un ilícito en su haber”, señaló.
La comuna capitalina informó que el pasado 18 de marzo, ante la Sesión Extraordinaria de Concejo, el estudio de abogados Foley Hoag recomendó la contratación de Mario Castillo Freyre a fin de que elabore un informe legal respecto al arbitraje internacional entre el municipio y la concesionaria Rutas de Lima, de la cual Odebrecht tiene el 25% de acciones.
El abogado es uno de los árbitros que es investigado por el Equipo Especial Lava Jato por presuntamente haber favorecido a la constructora brasileña a través de laudos arbitrales que habrían permitido a la referida empresa recibir millonarios pagos del Estado peruano.
Actualmente, la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima se encuentran en un arbitraje por el caso del peaje Chillón. La concesionaria busca una compensación económica establecida en el contrato por la no implementación del peaje en el sentido sur-norte. De acuerdo al consorcio, hasta el 31 de octubre del 2018, dicha compensación ascendía a más de S/142 millones; no obstante, la cifra continúa acumulándose.
[videopress IjQZz3qz w=640 h=420]
