La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, durante su intervención en la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), negó que el Gobierno peruano haya autorizado reprimir con violencia las protestas sociales que vienen registrando en diversas regiones del país contra el régimen de la presidenta Dina Boluarte.
“El Gobierno del Perú lamenta profundamente la trágica pérdida de vidas humanas ocurridas en el marco de dichas manifestaciones y actos de violencias, las cuales vienen siendo investigadas por las entidades competentes, quienes cuentan con plena libertad y autonomía constitucional para encontrar la verdad y para que los responsables sean juzgados y sancionados conforme a ley, así como las familias de las víctimas reparadas”, expresó la canciller.
“Es falso y ofensivo insinuar, como se ha mencionado hoy, que el Gobierno haya autorizado reprimir con violencia a quienes protestan. Quisiera reafirmar en este foro nuestro compromiso con la preservación de los valores y principios democráticos, y con la vigencia plena e irrestricta de los derechos humanos y el estado de derecho”, añadió.
“Las situaciones descritas constituyen amenazas a nuestra democracia y al estado de derecho en nuestra región, como lo son las acciones condenables ocurridas en Brasil, recientemente”, acotó.
La canciller también lamentó que los gobiernos de algunos países de la región hayan priorizado la “afinidad ideológica” en vez del respaldo al estado de derecho, y enfatizó que Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República por mandato constitucional, luego de que el Congreso declarara la vacancia de Pedro Castillo por intentar dar un golpe de Estado.
“La situación de Pedro Castillo, la generó el propio Pedro Castillo”, “Es de lamentar, por ello, que algunos gobiernos de países particularmente cercanos no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y más bien hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al estado de derecho y a la sucesión constitucional, buscando establecer una narrativa tergiversada que no se condicen con los hechos objetivos sucedidos en el Perú”, subrayó.
“No deja de sorprender que en 2023, luego de que la gran mayoría de los países de la región han vivido episodios traumáticos de ruptura constitucional, con secuelas sumamente dolorosas, no sea posible conseguir un rechazo unánime a un intento de cierre ilegal del Congreso y las instituciones tutelares de la democracia en mi país”, agregó. Gervasi
Gervasi recordó que a invitación del Gobierno del Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas han realizado visitas a nuestro país en el último mes y presentarán próximamente informes y conclusiones, además de hacer seguimiento de la situación.
“La fiscalía investiga todas y cada una de las muertes con total autonomía y acompaña a la Policía Nacional en las acciones para controlar la violencia y proteger la vida de la personas, la vida de los 33 millones de peruanos, que son las verdaderas víctimas de esta situación de violencia”, manifestó.
