La violencia en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, ha vuelto a encender las alarmas tras el secuestro de 13 trabajadores de la empresa minera R&R, ocurrido el sábado 26 de abril. Según información difundida por sus compañeros, un grupo armado irrumpió violentamente en las instalaciones donde laboraban y los habría llevado a una bocamina en el anexo de Pueblo Nuevo. Los responsables pertenecerían a una banda criminal liderada por un sujeto conocido como “Cuchillo”, y estarían exigiendo S/4 millones para liberar a las víctimas.
Los testimonios de los compañeros de los secuestrados indican que los delincuentes armados los trasladaron a una mina ilegal conocida como la de “Galindo”. La desesperación es creciente entre los trabajadores y familiares, quienes piden la intervención inmediata de las autoridades. “Estamos negociando, pero los delincuentes no quieren saber nada. Que la Policía intervenga ya”, manifestó uno de los mineros que logró escapar.
La empresa R&R, que presta servicios legales para la minera Poderosa, solicitó apoyo urgente a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio del Interior (Mininter) para rescatar a sus trabajadores. A pesar del estado de emergencia vigente en la provincia de Pataz debido a la creciente criminalidad, ni la PNP ni el Mininter han emitido aún un pronunciamiento oficial. Sin embargo, se conoció que los operativos de seguridad en la zona han sido reforzados con apoyo del Ejército.
Este secuestro ocurre en un contexto de violencia sistemática contra el sector minero formal. Hace apenas un mes, un ataque armado contra la mina Poderosa dejó cinco muertos. La destrucción de infraestructura eléctrica y emboscadas a vehículos han marcado un patrón de ataques vinculados a disputas entre organizaciones criminales que se disputan el control de la minería ilegal en la zona.
Pataz continúa siendo un epicentro del crimen organizado, donde la débil presencia del Estado permite que bandas como la de “Cuchillo” impongan su ley con total impunidad. Mientras tanto, las familias de los mineros secuestrados viven horas de angustia, esperando una respuesta efectiva del Estado que garantice la vida e integridad de sus seres queridos.
