Un nuevo desastre ambiental ha sacudido a la provincia de Talara, en Piura. El lunes 7 de julio, un derrame de petróleo afectó gravemente el distrito turístico de Lobitos, específicamente en los alrededores del pozo 383 del Lote VI, operado por Petroperú. El crudo se extendió por el mar, cerros, carreteras y hasta zonas habitadas, impactando no solo a la biodiversidad local, sino también al turismo, la pesca y la salud de los residentes.
Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el derrame alcanzó al menos 40 barriles, contaminando 500 metros lineales de carretera, 280 metros cuadrados de vegetación y zonas del bosque seco donde habita el cortarrama, un ave en peligro de extinción. La proximidad del desastre a viviendas, escuelas y playas ha generado una ola de indignación entre los vecinos, quienes denuncian una respuesta deficiente por parte de Petroperú.
A pesar de que la empresa estatal afirmó haber limpiado “el 95 %” de la zona afectada, pobladores, autoridades locales y dirigentes pesqueros contradicen esa versión. “Eso es falso. El crudo sigue ahí y dos colegios han suspendido clases por los gases tóxicos”, aseguró el alcalde Ricardo Bancayan. Además, testigos señalan que, en lugar de retirar la arena contaminada, brigadas de limpieza estarían enterrándola con maquinaria pesada.
El sector turístico también se encuentra al borde del colapso. Patricia Abanto, presidenta de la asociación de operadores turísticos de Lobitos, calificó la situación como “un genocidio ecológico” y denunció que las pérdidas ya superan los 50 millones de soles. El daño económico se suma al social, pues más de 6 mil pescadores artesanales no pueden faenar en zonas como Cabo Blanco o La Caleta, debido a plataformas submarinas contaminadas o destruidas.
Frente a este nuevo escándalo, OEFA y Osinergmin han iniciado labores de supervisión y limpieza, mientras que la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental ya investiga el hecho. Petroperú sostiene que el derrame fue causado por la manipulación externa de válvulas y que notificaron a la Policía Nacional. Sin embargo, los pobladores piden justicia. “Esto ya no es accidente: es negligencia”, advierten desde el comité ambiental local.
