El Gobierno promulgó la Ley N.º 32372, que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal, con el objetivo de agilizar la expulsión de ciudadanos extranjeros condenados por delitos en el Perú. Esta medida busca reforzar la seguridad ciudadana y descongestionar el sistema penitenciario.
La norma establece que la expulsión del país podrá aplicarse como pena restrictiva de la libertad a extranjeros que hayan cumplido su condena o que accedan a beneficios penitenciarios, así como también por conversión de pena. La disposición impide además su reingreso al país, manteniéndose la jurisdicción peruana sobre la condena.
Uno de los principales cambios es que la expulsión se convierte en una pena accesoria obligatoria para una larga lista de delitos graves, como homicidio, feminicidio, secuestro, violación, trata de personas, sicariato, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios y delitos informáticos agravados.
Además, los jueces podrán convertir penas privativas de libertad de hasta cinco años en expulsión inmediata, siempre que el extranjero haya cumplido al menos dos tercios de su condena. No obstante, se excluye esta posibilidad en casos de delitos especialmente graves, como crimen organizado, terrorismo o corrupción agravada.
Entre las consecuencias adicionales de la expulsión, la ley establece que:
El extranjero no podrá regresar al Perú durante un tiempo igual a la pena máxima del delito cometido.
Se archivará cualquier otro procedimiento administrativo que tenga como fin evitar la expulsión.
La reparación civil no prescribe y podrá cobrarse mediante decomiso o extinción de dominio de bienes del sentenciado.
En el ámbito penitenciario, se precisa que la ejecución de la expulsión será responsabilidad del director del penal, una vez que se haya cumplido la pena, otorgado un beneficio o aplicada la conversión. El extranjero será entregado a la autoridad competente para su salida del país.
Con esta nueva legislación, el Ejecutivo y el Congreso buscan responder a la creciente preocupación por el involucramiento de ciudadanos extranjeros en delitos graves y reiteran que la política migratoria debe estar alineada con la seguridad interna del país.
