Un bus interprovincial de la empresa Transviza fue violentamente atacado con piedras por mineros artesanales en el kilómetro 447 de la Panamericana Sur, en Nasca, región Ica. El hecho se produjo cuando el vehículo intentó avanzar por una vía auxiliar, pese a que los manifestantes le advirtieron que no lo hiciera debido al bloqueo que mantenían en la zona como parte de una protesta organizada por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin).
Producto del ataque, dos pasajeros resultaron heridos, incluyendo un niño. Ambos fueron trasladados al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola en Nazca. El bus, que partió de Cusco rumbo a Lima, sufrió daños materiales considerables, con lunas delanteras y laterales destruidas por las piedras lanzadas. A pesar de la presencia de la Policía Nacional, los efectivos no lograron contener la violencia debido a la superioridad numérica de los manifestantes.
Los mineros exigen al Gobierno la modificación de medidas recientes que afectan a su sector. En este contexto, la Sutran ha reportado siete carreteras nacionales bloqueadas, afectando las regiones de La Libertad, Cusco, Ica y Arequipa. En Ica, alrededor de 2 mil buses y camiones se encuentran varados desde hace tres días, generando graves retrasos y riesgos para los pasajeros, además de elevar el temor ante un posible desabastecimiento de gas y alimentos en el sur del país.
Carlos Magno Salas, presidente del gremio de transporte de carga pesada, alertó que de continuar los bloqueos, el sur del país podría quedarse sin gas ni productos básicos. Algunos conductores se han visto forzados a tomar rutas alternas por los cerros, exponiéndose a peligros adicionales.
El penalista Mario Amoretti explicó que el bloqueo de carreteras constituye un delito tipificado por el Código Penal peruano, que establece penas de tres a seis años de prisión por interrumpir vías de comunicación o servicios públicos, además de posibles cargos por extorsión si se exige alguna ventaja a cambio de liberar el paso. El experto sostuvo que los manifestantes pueden ser detenidos en flagrancia, y que la Policía tiene el deber legal de actuar.
