Ginebra [Reuters]. La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas expresó su preocupación por más de una decena de países que han declarado estados de emergencia debido a la pandemia de COVID-19, en los que la policía arrestó o detuvo a cientos de miles de personas y mató a otros.
“Las facultades de emergencia no deberían ser un arma que los gobiernos puedan utilizar para sofocar la disidencia, controlar a la población e incluso perpetuar su tiempo en el poder”, dijo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en un comunicado.
Un funcionario de su oficina reportó que unos 80 países han declarado emergencias. De esos, son Nigeria, Kenia, Sudáfrica, Filipinas, Sri Lanka, El Salvador, República Dominicana, Perú, Honduras, Jordania, Marruecos, Camboya, Uzbekistán, Irán y Hungría donde las acusaciones se consideraron más preocupantes.
Sin embargo, Georgette Gagnon, directora de operaciones de campo, aseguró en una reunión virtual en Ginebra que “probablemente hay varias decenas más que podríamos haber destacado”.
“Una de las mayores preocupaciones sobre las medidas de emergencia excepcionales es lo que se ha descrito como una cultura de cierre tóxico en algunos países”, dijo Gagnon. “Como destacó la Alta Comisionada, la policía y otras fuerzas de seguridad están usando una fuerza excesiva y a veces mortal para hacer cumplir los bloqueos y los toques de queda”.
En algunos de esos países se han arrestado y detenido a decenas de miles de personas por violación de las medidas de confinamiento vinculadas a la pandemia. Filipinas encabeza la lista: 120.000 detenidos por infracciones de toque de queda en los últimos 30 días.
En el caso de Kenia, Gagnon dijo que las autoridades investigaban 20 casos relacionados con muertes vinculadas a la conducta policial en la implementación de medidas de toque de queda. El país ha reportado 14 muertes por COVID-19 a la Organización Mundial de la Salud.
En Sudáfrica, la ONU ha recibido informes de uso policial de balas de goma, lacrimógenas, carros lanzaagua y látigos para reforzar el distanciamiento social, especialmente en los barrios pobres. Gagnon dijo que se investigan 39 denuncias que incluyen asesinato, violación, uso de armas de fuego y corrupción.
En Nigeria, ACNUDH ha recibido informes de que las fuerzas de seguridad mataron a 18 personas en relación con las medidas de aplicación por el virus. Las autoridades del país han atribuido algunas muertes a la violencia en las cárceles.
Gagnon también expresó su preocupación por la extorsión policial en África. “Los que no pueden pagar sobornos, los pobres, son llevados a centros de cuarentena obligatorios, aunque no hay indicios de que hayan entrado en contacto con alguien que haya dado positivo a COVID”.
Consultada sobre el actuar de China en la crisis, la funcionaria dijo que habían recibido “informes de censura (…), intimidación, arresto y detención presunta de voces disidentes como médicos, periodistas”.
