La propuesta estrella del primer ministro Eduardo Arana para combatir la inseguridad ciudadana ha quedado en el aire. Las reuniones de coordinación que debían iniciar el 4 de julio para gestionar el traslado de presos extranjeros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador fueron suspendidas por el propio Ministerio de Justicia. La medida, presentada como una solución a la sobrepoblación penal y al accionar de bandas criminales extranjeras, no cuenta con viabilidad legal ni respaldo institucional.
La idea del Ejecutivo, que buscaba trasladar principalmente a reclusos venezolanos vinculados a organizaciones como el Tren de Aragua, fue anunciada por Arana ante el Congreso el pasado 12 de junio como parte de su discurso para obtener el voto de confianza. Sin embargo, fuentes de Perú21 confirmaron que no hubo ningún contacto oficial con el gobierno de Nayib Bukele ni avances concretos en las gestiones. Desde el Ministerio de Justicia se limitan a decir que las reuniones se cancelaron por «temas de agenda».
Expertos como el exjefe del INPE, Javier Llaque, han sido categóricos: la propuesta es inejecutable bajo el marco legal actual. Según explicó, trasladar presos a otro país requeriría modificar la Constitución, ya que la legislación peruana establece que la pena carcelaria debe orientarse a la rehabilitación e inserción social, algo incompatible con el modelo del Cecot, al que calificó como una «jaula para exhibir seres humanos». Además, cualquier traslado debería ser autorizado por un juez peruano, lo cual añade otro obstáculo legal.
Llaque también señaló que el Perú tendría que someterse a la Ley de Contrataciones del Estado si deseara pagar por el servicio de una cárcel extranjera. Esto implicaría convocar a un concurso público, impidiendo que se elija directamente al penal salvadoreño. “Si se hace un contrato directo con el Cecot y se paga la manutención sin cumplir los requisitos legales, los funcionarios que lo aprueben podrían terminar en prisión”, advirtió.
Esta no sería la primera vez que el Gobierno de Dina Boluarte recurre a anuncios de impacto sin sustento legal o técnico para sortear momentos de crisis. La propuesta de Arana, sin fundamento ni planificación real, fue vista como un intento desesperado por ganar apoyo político. Con la suspensión de las gestiones y sin perspectivas claras de reactivarlas, el plan ha quedado oficialmente archivado.
