Una vez más, sectores de la izquierda radical recurren a la asamblea constituyente como respuesta universal a los problemas estructurales del país, incluyendo ahora la delincuencia, la extorsión y el sicariato, fenómenos que requieren acciones inmediatas y políticas de seguridad concretas.
Durante declaraciones a la prensa, Roberto Sánchez, candidato presidencial por el partido izquierdista Juntos por el Perú, sostuvo que la solución pasa por un “liderazgo absoluto del movimiento social en el gobierno” y la convocatoria a una asamblea constituyente “para gobernar con la gente”. Sin embargo, lejos de presentar un plan operativo contra el crimen organizado, el candidato insistió en una fórmula política ya conocida y reiteradamente cuestionada.
Más aún, Sánchez afirmó que uno de los primeros actos políticos de su eventual gobierno sería otorgar la libertad al expresidente Pedro Castillo Terrones, actualmente procesado por su intento de quebrantar el orden constitucional. Esta declaración refuerza las críticas sobre una agenda ideológica que prioriza reivindicaciones políticas antes que la seguridad ciudadana.
Analistas advierten que vincular la reforma constitucional con la eliminación del crimen constituye un mensaje engañoso para el electorado. La experiencia regional demuestra que los procesos constituyentes no reducen automáticamente la criminalidad, la cual exige fortalecimiento institucional, inteligencia policial, control territorial y una justicia eficaz.
Así, la asamblea constituyente reaparece como la vieja receta socialista, presentada como solución total, pero sin sustento técnico ni propuestas reales para enfrentar uno de los principales problemas que golpea a millones de peruanos: la inseguridad ciudadana.
