Desde su nacimiento, el proyecto Chaglla estuvo plagado de corrupción. La hidroeléctrica que finalmente fue vendida por Odebrecht a un consorcio chino por US$ 1,400 millones, se construyó sobre un inmenso terreno, en Huánuco, por el cual la constructora brasileña solo pagó la ínfima suma de un millón de soles.
Fueron 446 las hectáreas que la brasileña, hoy inmersa en el escándalo más grande de corrupción, compró a la Comunidad Campesina de Pillao (CCP) a través de aparentes subterfugios, los mismos que han ocasionado que buena parte de los comuneros denuncien ante la Fiscalía a la empresa y a sus posibles cómplices.
El 12 de enero de 2017, Víctor Ambicho Ponce, secretario de la comunidad de Pillao, le envió a la Comisión Lava Jato, entonces presidida por el congresista de Fuerza Popular, Víctor Albrecht, toda la documentación que prueba las argucias a las que llegaron los representantes de Odebrecht para poder adueñarse del inmenso terreno.
Por ello, Ambicho Ponce denunció ante el Ministerio Público a los entonces representantes de Odebrecht, Alex Wilson Ramírez y Edwin Richard Díaz González, así como a los exdirigentes de la comunidad, Jesús Malpartida Callán, Ambrosio Echevarría Pérez y Merino Trujillo Santillán.
HISTORIA
La historia se remonta al 18 de marzo del 2012, fecha en que la comunidad campesina efectuó una asamblea para decidir si vendían o no las 446 hectáreas de sus terrenos a la empresa brasileña y el monto que pedirían por las que, en ese momento, eran sus bienes inmuebles inscritos en Registros Públicos.
Sin embargo a la citada reunión solo asistieron 600 de los 1964 comuneros sobre cuyos terrenos se iba a tomar la decisión de venta con miras a construir la Hidroeléctrica Chaglla, ubicada en el distrito del mismo nombre, provincia de Pachitea, departamento de Huánuco.
La ausencia de 1,364 comuneros no solo debió haber impedido la realización de la asamblea por falta de quórum, sino también la posterior decisión de venta, según lo señala el secretario del equipo comunitario de Fiscalización, Víctor Ambicho.
“El acuerdo tomado el domingo 18 de marzo del 2012, no fue aprobado por los comuneros asistentes a la asamblea extraordinaria, que no contó con el quórum reglamentario ya que asistieron un aproximado 600 comuneros de los 1964. Entonces, no se contó con la asistencia necesaria para la transferencia del terreno de 446 hectáreas”, indicó el dirigente.
Pese a la ausencia de la mayoría de comuneros y en complicidad con sus directivos, se efectuó la transacción que le permitió a la empresa Odebrecht apropiarse de los terrenos de la comunidad.
“Esta transferencia (del terreno) fue fraudulenta y en complicidad entre los representantes de la comunidad, de la empresa y el notario público Luis Augusto Jiménez Gómez, quien no es apto para ejercer cargos públicos ni tampoco para realizar otro tipo de trámites porque tiene 93 años de edad, por lo cual adjunto copia certificado de inscripción de la Reniec”, subraya.
El denunciante también envió un video a la Comisión Lava Jato en el cual se puede observar la realización de dicha asamblea extraordinaria de la comunidad huanuqueña de Pillao.
“Como prueba, adjunto un vídeo de la asamblea general extraordinaria del 18 de marzo del 2012 en la cual el secretario de la comunidad Ambrosio Echevarría Pérez dio lectura al libro de acta de 200 folios el mismo día donde los asambleístas negaron la transferencia de sus terrenos de 40 y de 446 hectáreas a la empresa Generación Huallaga y Odebrecht”, señala.
En el material fílmico también se aprecia al apoderado de la empresa Generación Huallaga y Odebrecht, Edwin Richard Díaz González, quien advierte a los comuneros que si no firman el acuerdo, no los apoyará en sus proyectos de desarrollo.
“Si me venden el terreno, les daré apoyo a los comunidades, y si no me venden, estaremos atados de manos y pies y no se dará ningún apoyo a la comunidad”, se escucha.
Luego de ello, señala Víctor Ambicho, la mayoría de comuneros abandonó la asamblea y no firmó el libro de actas.
Añadió que por esos motivos nunca se le otorgó poderes y facultades para efectuar dicha transacción ni al expresidente de la comunidad, Jesús Malpartida Callan, al secretario Ambrocio Echevarría ni al fiscal Marino Trujillo.
FIRMAN FALLECIDOS
Víctor Ambicho Ponce también le entregó a la comisión investigadora los registros de defunción de personas cuyos nombres aparecen como firmantes del acta que permitió la construcción de la Hidroeléctrica proyecto Chaglla I.
De acuerdo a la documentación presentada, aparece la rúbrica de Alicia Ambicho Pérez, fallecida el 7 de noviembre de 2011, de Antolina Callán Espinoza fallecida el 11 de marzo del 2012. Asimismo de Sabino Cubillos Malpartida, Santoza Dominguez Rodríguez, Raymundo Ponce Sánchez, Gavino M. Dadeo Valenzuela, Juan Ambicho Atachagua, Jorgina Falcón Malpartida y Lucio Ambicho Domínguez.
También aparecen firmas de personas que nunca formaron parte de la comunidad huanuqueña como en el caso de Gabino Darío Valenzuela.
Además se encontraron firmas duplicadas y hasta triplicadas en el referido padrón.
EL MILLÓN
Luego de la asamblea del 10 de mayo del 2012 resulta vendido el terreno a la empresa Generación Huallaga y Odebrecht por un monto de un millón de soles, lo que se encuentra registrado en el testimonio de compra y venta.
El expresidente Jesús Malpartida Callán, su secretario Ambrocio Echevarría Pérez y su fiscal Marino Trujillo Santillán no han rendido cuentas a la comunidad del dinero recibido de la compra y venta, se afirma.
En la denuncia también se indica que la empresa Odebrecht se apropió de la carretera de Puente Chavito, Puquio, Chiguangala hasta el río Jaupar aprovechando la humildad de los comuneros del lugar que han trabajado.
“Tampoco no pagaron ni un solo jornal a los comuneros que han trabajado en la carretera como mano de obra”, adujo.
En su condición de encargado de su equipo de Fiscalización de la Comunidad de Pillao, presentó una queja ante el Congreso de la República y el legislador nacionalista Josué Gutiérrez Cóndor el 1 de setiembre del 2015.
De igual forma presentaron una queja en la oficina de la Defensoría del Pueblo el mismo día.
“Por lo tanto, señores congresistas representantes de la Comisión investigadora del caso Lava Jato a la empresa Odebrecht: Solicito ante su digna autoridad, investigar el proyecto Central Hidroeléctrica Chaglla I Chaglla II; se sanciones a los responsables; y solicito la nulidad inmediata de la compra y venta de los terrenos dela comunidad a la empresa Odebrecht ya que ellos han actuado de manera ilegal y con fraudes y sobornos a las autoridades”, afirma.
El comunero también presentó ante la Comisión Lava Jato la denuncia que efectuaron el 13 de diciembre del 2013 ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huáncuo.
En ella detallan que todas las transferencias se efectuaron de forma ilegal pues el presidente Jesús Malpartida utilizó dos documentos de identidad para efectuar la transferencia del terreno a la empresa para lo cual usó el DNI de Veneranda Goiza Padilla Lozada, nacida en Jaén, como consta en los Registros Públicos de Huánuco.
Acta presuntamente fraguada
En abril de 2012, la Oficina Registral de Huánuco detectó la existencia de una incompatibilidad respecto al libro de actas de donde fue extraído el último documento que dio mérito a la inscripción del inmenso terreno a favor de la empresa Odebrecht, por lo que solicitó a los voceros de la comunidad que aclaren el tema.
El acta que según la denuncia del grupo de Fiscalización de la Comunidad Campesina de Pillao (CCP) se falsificó, es la siguiente:
“Siendo las 10 am del día domingo 18 de marzo de 2012, en el Centro Cívico del Centro Poblado de Pillao, se reunieron en Asamblea General Extraordinaria los comuneros empadronados y hábiles de la comunidad, con la finalidad de tratar tres puntos”.
El primero de los tres puntos se refirió a la transferencia de 340 hectáreas que corresponden a terrenos de propiedad de la CCP a favor de la Empresa de Generación Huallaga S.A., para la construcción de infraestructura de la Central Hidroeléctrica. El segundo es sobre la constitución de servidumbre convencional en un área de 106 hectáreas y el tercero sobre el otorgamiento de facultades.
“Habiéndose comprobado la asistencia de 1,964 comuneros, de un total de 2,920 comuneros empadronados y hábiles para ejercer sus derechos, según la Ley de Comunidades Campesinas Nº 24656, y cumpliéndose con el quórum legal y estatutario para sesionar válidamente y adoptar acuerdos, se procedió a declarar por instalada la asamblea, dando inicio al debate sobre los tres únicos puntos de la agenda materia de la convocatoria”, señala el documento.
De acuerdo al acta presuntamente falsa, luego de un amplio debate entre los comuneros asistentes, la Asamblea General de la Comunidad Campesina de Pillao, “con el voto favorable de 1950 comuneros que representan más de los dos tercios de los comuneros empadronados hábiles y calificados, acordó la transferencia a favor de la Empresa de Generación Huallaga S.A. la propiedad de 340 hectáreas de su territorio comunal”.
Sobre dicho terreno se construiría el acceso a la presa (85,998.12 m2), casa de máquinas (139,330.39 m2), chimenea (49,155.81m2), presa (1`018,531,25 m2), embalse (2´089,618,57 m2; 70), torres de alta tensión ( 4,981.00 m2), 21 caminos de acceso a las torres (11,313.93 m2) y 24 mini torres para postes( 864.00 m2).
En el documento controvertido se le otorgó a la Empresa de Generación Huallaga S.A. una servidumbre eléctrica de 106 hectáreas de su territorio comunal, para que la empresa pueda utilizarla en la construcción de los componentes del proyecto hidroeléctrico.
Se refiere al acceso principal por la margen izquierda (763,837.81m2), al tendido de la Línea de Transmisión Corta de 34.5 kilovatios (206,548.06 m2), acceso a la chimenea (50,904.97 m2) y al tendido de los tramos de seccionamiento de la línea de 34.5 kilovatios (36,206 m2).
En la cuestionada acta se indica que el precio a pagar por parte de la empresa a favor dela CCP, tanto por la transferencia como por la servidumbre convencional, se fijó en S/. 1`772,425.28.
“El monto a pagar por la empresa a favor de la comunidad, se deberá realizar mediante cheque de gerencia a nombre de la CCP y ante la presencia del notario público de Huánuco en el momento de la firma de ambos contratos. El pago deberá tener efectos cancelatorios, no quedando pendiente ninguna deuda por ninguna de las partes por los conceptos mencionados en esta acta”, señala.
En esa misma acta se nombra a Jesús Malpartida Callan, Ambrocio Echevarria Pérez y Marino Trujillo Santillán, todos ellos hoy denunciados, para que “en nombre y representación de la CCP, suscriban los contratos de transferencia y servidumbre de tierras correspondientes ante el notario público de Huánuco y asimismo puedan recibir y cobrar el cheque”.
A JUNIO DEL 2018 Electroperú registra pérdida de casi 318 millones de soles
La Comisión Lava Jato advirtió indicios de irregularidad en el trámite de concesión definitiva de generación de energía eléctrica otorgada a Empresa de Generación Huallaga S.A., titular de la central hidroeléctrica Chaglla, ubicada en Huánuco.
“La falta de una adecuada regulación y supervisión de los contratos de generación y distribución, así como el rol que en el marco de los mismos debía cumplir el comercializador, ha ocasionado a Electroperú S.A. pérdidas económicas, que a junio de 2018 ascienden a S/ 317´764,191.94”, indica el informe final.
Según indica, la Dirección General de Electricidad formuló dos observaciones y pese a que el solicitante no adjuntó medios probatorios o documentos adicionales tendientes a superar dichas observaciones, se emitió un informe que recomendó otorgar la concesión, la que finalmente se concedió.
La Contraloría elaboró un informe de control en el marco de este proceso de concesión definitiva de generación de energía, donde advirtió deficiencias internas en los procedimientos de la Dirección General de Electricidad que restaban transparencia a los derechos otorgados.
Fuente: Expreso
