El Ministerio Público ha generado una fuerte polémica tras oficializar la desactivación de las fiscalías especializadas en delitos de terrorismo en Ayacucho y el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), zonas clave en la lucha contra el narcoterrorismo. A través de una resolución publicada en El Peruano este miércoles, se anunció la eliminación de estas unidades y su reemplazo por fiscalías enfocadas en derechos humanos e interculturalidad.
La medida incluye la reasignación de cinco fiscales que estaban a cargo de las fiscalías penales supraprovinciales especializadas en terrorismo, quienes ahora pasarán a integrar la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del mismo distrito fiscal.
Además, la resolución amplía las funciones de las fiscalías de derechos humanos, otorgándoles también la competencia para investigar delitos de terrorismo y apología del terrorismo. Esto ha despertado severas críticas, especialmente por el contexto actual: informes de inteligencia han advertido sobre la reactivación de columnas armadas y el incremento de la violencia en la zona del Vraem.
Entre los más críticos figura el congresista Fernando Rospigliosi, quien acusó a la Fiscalía de “debilitar deliberadamente” la lucha contra el terrorismo. “La fiscalía de la Nación cierra fiscalías antiterrorismo y transfiere esos casos a despachos que se dedican a perseguir policías y militares. ¿Está claro el propósito de este Ministerio Público capturado por la mafia caviar?”, expresó vía X (antes Twitter).
Desde el Ministerio Público se argumentó que los fiscales cesados eran provisionales y que su salida se debe a disposiciones legales. Sin embargo, el fondo del asunto revela un posible cambio institucional que da prioridad al control sobre las fuerzas del orden por encima del combate activo al terrorismo en el campo.
Expertos y analistas alertan que trasladar esta responsabilidad a fiscalías sin experiencia directa en la materia podría comprometer la eficacia en los procesos penales y ralentizar investigaciones sensibles. También se teme que esta decisión sea parte de un rediseño institucional sin la debida transparencia ni consulta pública.
Ayacucho y el Vraem han sido históricamente zonas de alta conflictividad vinculadas al narcotráfico y al terrorismo. Por ello, la desaparición de fiscalías especializadas en esas regiones genera inquietud entre sectores que consideran que el Estado está abandonando su compromiso con la seguridad y el orden interno.
Mientras tanto, se ha dispuesto que la Coordinadora de las Fiscalías Penales Supraprovinciales de Terrorismo y Derechos Humanos redistribuya la carga de trabajo, lo que en la práctica representa una fusión funcional que diluye el enfoque y especialización en la lucha antiterrorista.
