El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los magistrados Oswaldo Ordoñez, Andrés Tapia y Bacilio Cueva, de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, por presunta desobediencia y resistencia a la autoridad. La demanda responde al incumplimiento de una medida cautelar del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó suspender el trámite de inscripción del partido Unidad Popular.
Según la autoridad electoral, la mencionada sala constitucional continuó con el proceso judicial a pesar de que el TC había emitido una resolución vinculante que pedía detener sus efectos. El procurador del JNE indicó que la resolución de la sala “se niega rotundamente” a cumplir el mandato del máximo intérprete de la Constitución.
La denuncia se sustenta en que dichos jueces habrían puesto en marcha decisiones que “agravian” al JNE y se acumulan en la falta de individualización de la participación directa de los magistrados en el incumplimiento del fallo del TC. Incluso el JNE advierte que, de persistir la conducta, se evaluará la presentación de quejas ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Autoridad Nacional de Control.
El partido Unidad Popular, liderado por Duberli Rodríguez, es clave en este conflicto institucional. La medida cautelar del TC dictó que se suspendieran los efectos de los fallos judiciales que favorecían su inscripción, lo cual generó la disputa entre el Poder Judicial y el JNE.
Este episodio refleja una escalada de tensión entre los órganos del sistema de justicia electoral y el Poder Judicial, con implicancias que van más allá del caso específico: la vigencia plena de los fallos del TC y la obligación de acatamiento por parte del Poder Judicial se colocan en el centro del debate.
