El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó con dureza la decisión del Gobierno peruano de declarar persona non grata a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, luego de que México otorgara asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez. En declaraciones publicadas en su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano sostuvo que Perú “va contra la Convención Americana de Derechos Humanos” y expresó su solidaridad tanto con Sheinbaum como con el expresidente Pedro Castillo, procesado por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Petro señaló que el delito de rebelión “es político y no incumbe a otras naciones”, por lo que consideró legítimo el asilo otorgado a Betssy Chávez. “Colombia, en mi gobierno, ha respetado el derecho de asilo sin distinciones ideológicas”, afirmó, recordando que su país ha acogido a ciudadanos venezolanos y nicaragüenses perseguidos por motivos políticos.
El mandatario también cuestionó el proceso judicial contra Pedro Castillo, afirmando que el exgobernante “está encarcelado sin condena alguna”. Según dijo, esta situación vulnera los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de derechos humanos. “Mi gobierno es solidario con Castillo y con la presidenta de México. También soy persona non grata en Perú”, agregó.
Mientras tanto, el caso de Betssy Chávez continúa generando tensiones diplomáticas. La ex primera ministra permanece en la embajada mexicana en Lima desde el 3 de noviembre, luego de que ese país le concediera asilo político. México ha solicitado el salvoconducto correspondiente, aunque la Cancillería peruana aún no lo ha otorgado, señalando que evalúa la medida “sobre la base de consideraciones jurídicas e internacionales”.
En paralelo, la Fiscalía peruana ha solicitado 34 años de prisión para Pedro Castillo y 25 años para Betssy Chávez por el delito de rebelión, o en su defecto 19 años por conspiración. El Ministerio Público argumenta que ambos fueron parte central del intento de ruptura constitucional de 2022. La controversia entre Lima y Bogotá, sumada a la crisis diplomática con México, mantiene la tensión en el plano regional y abre un nuevo frente de debate sobre los límites del derecho de asilo en América Latina.
