Durante la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza, la presidenta Dina Boluarte lanzó un fuerte pronunciamiento contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), acusándola de pretender interferir en la soberanía del Perú. En un discurso con tono firme, Boluarte advirtió que el organismo internacional intenta socavar la autonomía del Estado y debilitar la independencia de los poderes públicos, especialmente del Legislativo y el Judicial.
«Actúan como si el Perú siguiera siendo un virreinato», dijo la mandataria frente a un auditorio lleno de magistrados y jueces. Según Boluarte, la Corte IDH está excediendo sus funciones al emitir resoluciones que —a su juicio— buscan condicionar decisiones nacionales. Esta crítica se da en un contexto de tensión entre el gobierno peruano y organismos internacionales, debido a los cuestionamientos por el manejo estatal durante las protestas sociales de 2022 y 2023.
La presidenta también denunció una supuesta influencia ideológica dentro de estos organismos internacionales, a los que acusó de intentar poner a los jueces peruanos en contra del Ejecutivo y el Congreso. “No aceptaremos que se intente socavar la independencia de nuestras instituciones con llamados a no aplicar la legislación peruana”, afirmó Boluarte, reforzando una narrativa de defensa de la soberanía nacional frente a “injerencias externas”.
Sin embargo, Boluarte aseguró que su gobierno seguirá respetando los derechos fundamentales, haciendo referencia a las Fuerzas Armadas y comités de autodefensa que, según sus palabras, han combatido el terrorismo en defensa del país. Esta afirmación fue interpretada por analistas como un intento de responder a las críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos durante su gestión.
Hasta el momento, la Corte IDH no ha respondido oficialmente al pronunciamiento de la presidenta, aunque diversas organizaciones de derechos humanos ya han reaccionado rechazando sus declaraciones. El mensaje de Boluarte se enmarca en una creciente tendencia en América Latina de gobiernos que cuestionan el rol de los organismos internacionales de derechos humanos, abriendo un nuevo debate sobre los límites entre soberanía estatal y justicia supranacional.
