El congresista José Cueto, integrante de la bancada Honor y Democracia, se mostró abiertamente a favor del proyecto que plantea el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En entrevista con Exitosa, el legislador argumentó que dicho organismo ha actuado durante años en defensa de terroristas y organizaciones criminales, dejando de lado a las víctimas y a los militares que combatieron en conflictos armados.
Cueto recordó que desde su bancada ya se había planteado anteriormente una moción para recomendar la salida del país del sistema interamericano, al considerar que la Corte IDH representa una amenaza para la soberanía del Perú. “Esta Corte se ha dedicado durante muchísimos años a proteger terroristas y delincuentes, y ha pedido incluso resarcimientos económicos a favor de ellos”, sostuvo el parlamentario.
El congresista también cuestionó el papel de algunas ONG que, según él, se benefician económicamente de los fallos de la Corte. Afirmó que estas organizaciones utilizan el sistema interamericano no para buscar justicia, sino como un mecanismo de presión para obtener compensaciones financieras del Estado peruano. “Son un grupo que solo busca un beneficio económico, aunque no le guste a mucha gente, esa es la verdad”, declaró.
Cueto criticó además que la Corte IDH haya emitido un pronunciamiento pidiendo al Perú no promulgar la ley que otorga amnistía a policías y militares acusados por delitos de lesa humanidad. A su juicio, esto constituye una intromisión inaceptable en los asuntos internos del país. “No tienen por qué meterse en el tema ni ordenar al Poder Judicial o al Ejecutivo. Ya están actuando como si el Perú fuera su chacra”, expresó.
Finalmente, el parlamentario lamentó que autoridades como la ministra de Justicia, Teresa Tello, acaten los mandatos del organismo internacional. Con estas declaraciones, José Cueto se suma a las voces dentro del Congreso y del Ejecutivo que plantean abiertamente la posibilidad de que el Perú se retire de la Corte IDH, en medio de una creciente tensión entre el Estado peruano y los organismos internacionales de derechos humanos.
