En una contundente decisión que busca reforzar la seguridad ciudadana, el Congreso de la República aprobó este miércoles una reforma legal que permitirá la expulsión inmediata de ciudadanos extranjeros capturados en flagrancia delictiva. La iniciativa obtuvo un amplio respaldo con 97 votos a favor y fue exonerada de segunda votación, por lo que pasará directamente al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La norma modifica el Código Penal y habilita a los jueces a ordenar la deportación de delincuentes extranjeros durante la audiencia de control de detención o dentro de las 24 horas siguientes a su captura, siempre que se haya demostrado la flagrancia del delito. Este procedimiento acelerado evita los largos procesos judiciales y permite retirar del país a personas involucradas en actos delictivos sin esperar una sentencia firme.
Además, la ley establece que las personas expulsadas no podrán regresar al Perú por un plazo equivalente a la pena máxima del delito cometido, que puede variar entre 5 y 25 años. En caso de reingreso, enfrentarán penas de entre 6 y 10 años de prisión. También se permitirá la incautación de bienes mediante el decomiso o extinción de dominio para garantizar la reparación del daño a las víctimas, sin que esta prescriba en el tiempo.
El congresista Alejandro Soto, impulsor de la norma, celebró su aprobación señalando que era una medida necesaria para frenar la creciente delincuencia extranjera en el país. “El delincuente extranjero que pise nuevamente suelo peruano podrá ir a la cárcel. No más permisividad”, declaró. Encuestas recientes revelan que hasta un 95 % de la población respalda este tipo de medidas.
La ley contempla excepciones para garantizar el respeto de los derechos humanos, excluyendo de la expulsión a menores de edad, solicitantes de refugio y personas cuya deportación pueda vulnerar tratados internacionales. Esta reforma se suma a los esfuerzos del Gobierno para combatir la criminalidad en el país, que en el primer trimestre del año ya expulsó a más de 760 ciudadanos extranjeros por infracciones migratorias, según datos de Migraciones.
