La Junta de Portavoces del Congreso acordó incluir en la agenda del Pleno la creación de una comisión investigadora que indague las “presuntas responsabilidades” y decisiones políticas en torno a la muerte del expresidente Alan García, ocurrida el 17 de abril de 2019. La medida fue impulsada por el congresista Jorge Montoya, ahora miembro de la bancada Honor y Democracia.
La propuesta plantea esclarecer si existieron vulneraciones de derechos constitucionales y posibles excesos en el procedimiento judicial que culminó con el suicidio del exmandatario, quien se quitó la vida momentos antes de ser detenido preliminarmente por orden del Ministerio Público en el marco de las investigaciones del caso Lava Jato.
«Conformar una comisión investigadora respecto a presuntas responsabilidades y políticas por el procedimiento judicial y la vulneración de los derechos constitucionales que motivaron la muerte del expresidente constitucional Alan García Pérez», señala el acuerdo adoptado en la Junta de Portavoces.
Como se recuerda, el expresidente se disparó en la cabeza cuando agentes policiales llegaron a su domicilio para detenerlo por presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. Aunque fue trasladado de inmediato al Hospital Casimiro Ulloa, falleció poco después.
Jorge Montoya ya ha promovido comisiones similares en el pasado. En 2022 lideró una comisión que investigó un supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales de 2021. Aquella comisión, que costó al Estado más de S/200.000, concluyó sin pruebas y su informe final fue rechazado por la mayoría del Congreso.
Por otro lado, Montoya y su bancada también respaldaron la creación, en marzo de este año, de una comisión que investiga el acuerdo de colaboración eficaz entre la Fiscalía y Odebrecht, argumentando la necesidad de esclarecer los términos del convenio y su impacto sobre los intereses del Estado peruano. Esta comisión fue aprobada con 92 votos a favor y tiene un plazo de 90 días para su trabajo.
La eventual comisión sobre la muerte de García se suma a esta serie de esfuerzos legislativos que buscan revisar temas sensibles vinculados a la corrupción y al actuar de las autoridades judiciales y fiscales en casos de alto perfil.
