Lima, Perú – La empresa concesionaria Rutas de Lima (RDL) anunció la suspensión del servicio e-pass a partir del lunes 19 de mayo de 2025, tras lo que calificó como un «nuevo acto hostil» de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Mediante un comunicado oficial, RDL informó que se ve obligada a deshabilitar los carriles exclusivos para el uso del sistema e-pass, una decisión que, según afirma, es responsabilidad única y exclusiva de la gestión municipal liderada por el alcalde Rafael López Aliaga.
El pronunciamiento fue difundido a través de la cuenta oficial de Rutas de Lima en la red social ‘X’ (antes Twitter), donde la empresa lamentó los inconvenientes que esta medida pueda generar en los usuarios que utilizan el servicio de prepago electrónico para el pago de peajes. La concesionaria indicó que los usuarios podrán hacer uso de su saldo en las unidades de peaje o, si lo prefieren, solicitar la devolución a través de la empresa Gestión de Carreteras y Peajes S.A.C., siguiendo el procedimiento disponible en www.epass.pe.
Según la versión de RDL, la MML les informó recientemente —y de manera arbitraria— que nunca autorizó de manera expresa la utilización de carriles exclusivos para el e-pass, a pesar de que el sistema ha funcionado de manera ininterrumpida durante casi una década. La empresa destaca que el sistema contaba con la opinión técnica favorable de INVERMET, entidad que forma parte de la propia Municipalidad de Lima y que actúa como supervisor del contrato de concesión.
La situación se agrava con la imposición de una multa diaria que la comuna limeña aplicará por cada uno de los días de operación del sistema e-pass durante los últimos 10 años. En total, la penalidad suma más de S/ 12 millones, lo que —según RDL— deteriora aún más su situación financiera. La concesionaria afirma que este tipo de decisiones hacen inviable la continuidad del servicio y atentan contra la seguridad jurídica del modelo de concesiones en el país.
Finalmente, Rutas de Lima anunció que, junto con sus accionistas, se reserva el derecho de iniciar acciones legales a nivel nacional e internacional con el fin de defender sus derechos frente a lo que consideran una medida arbitraria de la Municipalidad de Lima. Esta controversia reabre el debate sobre la estabilidad de los contratos de concesión y el impacto que las decisiones municipales pueden tener sobre los servicios que afectan directamente al tránsito vehicular y a miles de usuarios en la capital.
