La ONG peruana CooperAcción, conocida por su activismo en contra de proyectos mineros en el sur andino, recibió en marzo de 2025 una donación de 1.5 millones de dólares de la Fundación Ford, una de las entidades filantrópicas más influyentes de Estados Unidos. Este millonario aporte no es el primero: desde 2006, la organización ha sido beneficiaria de al menos siete subvenciones de gran envergadura por parte de la fundación norteamericana.
Según detalla la misma plataforma oficial de la Fundación Ford, el dinero tiene como objetivo fortalecer “las capacidades de las comunidades indígenas y campesinas frente a la gran minería de cobre” y promover “el avance de los derechos humanos e indígenas”. Sin embargo, en el contexto peruano, especialmente en regiones como Espinar, Chumbivilcas y Cotabambas, CooperAcción ha sido protagonista de campañas políticas y mediáticas que buscan frenar el desarrollo de importantes proyectos mineros como Glencore-Antapaccay, Hudbay y Las Bambas (MMG).
Detrás de este activismo se articula una red de organizaciones y figuras afines a la izquierda radical. CooperAcción colabora estrechamente con ONGs como Derechos Humanos Sin Fronteras (Espinar) y Derechos Humanos y Medio Ambiente (Puno), y cuenta entre sus aliados a personajes como Ruth Luque, actual congresista y fundadora de una de estas entidades, y Verónika Mendoza, excandidata presidencial y líder del partido Nuevo Perú, quien ha participado en múltiples eventos organizados por la ONG con un discurso abiertamente antiminero.
El enfoque de CooperAcción incluye la publicación constante de informes, campañas en medios y denuncias ambientales —en muchos casos sin sustento técnico comprobado— con el objetivo de posicionar a la minería legal como una amenaza para los derechos humanos y el medioambiente. La organización ha promovido a personajes como Sergio Huamaní, sentenciado por robo y difamación, presentándolo como “defensor ambiental” en sus plataformas, sin mencionar sus antecedentes penales.
La influencia extranjera en estos temas estratégicos genera creciente preocupación. La minería representa cerca del 10% del PBI peruano y más del 60% de las exportaciones nacionales. La pregunta de fondo es si el país debe permitir que actores foráneos, en alianza con sectores ideologizados, obstaculicen proyectos claves para el desarrollo económico. Al cierre de esta nota, CooperAcción no respondió a las consultas sobre el uso de los fondos ni sobre los impactos de sus campañas en las regiones afectadas.
