El Poder Judicial ha rechazado la negativa de otorgar un aborto terapéutico a una menor conocida como Mila. Esta decisión se suma a la posición de la ONU, UNFPA y Unicef, que han instado al Estado peruano a reconsiderar su posición debido a que se trataría de un caso de violación de derechos humanos.
Mila, de 11 años, fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro desde los 7 años, lo que resultó en un embarazo de 18 semanas producto de dichas agresiones. A pesar de esto, una junta médica del Hospital Regional de Loreto le negó el acceso a un aborto terapéutico y la separaron de su madre. El tiempo es crucial en este caso, ya que el límite establecido por los protocolos para abortos terapéuticos es de 22 semanas.
Ante la presión internacional y nacional, el Ministerio de Salud (Minsa) decidió trasladar a la niña a Lima desde Iquitos para que su caso sea revaluado por una nueva junta médica bajo su supervisión. Además, el Poder Judicial expresó su rechazo a la negativa del aborto terapéutico para Mila, alegando que la maternidad forzada derivada de una violación sexual constituye una forma de tortura que atenta contra la salud integral de la menor. La Asociación Peruana de Mujeres Juezas también se pronunció en contra y exigió que los establecimientos de salud actúen conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Especialistas han enfatizado la importancia de acelerar el proceso de evaluación de Mila debido a que el procedimiento del aborto terapéutico solo se puede llevar a cabo hasta la semana 22, y la menor está por llegar a la semana 19.
Además, el Ministerio de la Mujer instó a la Corte Superior de Justicia de Loreto a detener al padrastro de Mila, Lucas Pezo Amaringo, quien está siendo acusado de haber abusado sistemáticamente de la menor desde los 7 años. A pesar de la gravedad de la acusación, Pezo Amaringo se encuentra libre con competencia restringida.
Las reacciones a esta situación han sido diversas. La Coordinadora de Litigio de Promsex, Isbelia Ruiz, ha resaltado la importancia de una nueva junta médica y el tiempo en el que se realice la reconsideración. El vicedecano del CMP, Alfredo Celis, ha destacado los riesgos físicos de un embarazo en una niña de 11 años. La jueza Janet Tello ha indicado que la maternidad forzada derivada de una violación sexual es una forma de tortura que atenta contra la salud integral de la menor. Según datos del Minsa, en 2022 se registraron 1,625 madres menores de 15 años y en los primeros dos meses de 2023, 1,112 niñas y adolescentes fueron abusadas sexualmente.
