En el editorial de este domingo 18 de septiembre titulado “Persecución írrita” , diario La República se quejó que no recibe publicidad del Estado debido a que es crítico del gobierno. Sin embargo, eso no es cierto, ya que el medio ligado a la izquierda caviar, incumplió las normas. Además le hizo la campaña presidencial a Pedro Castillo, y ya en el gobierno, han sido la voz oficial de la desastrosa gestión del chotano.
“La República acumula, a la fecha, 106 procesos y dos sanciones administrativas por transgresión de la ley de publicidad estatal, según el Tribunal de Contrataciones dependiente del OSCE. Este acto es una clara persecución legal y publicitaria contra el Grupo La República Publicaciones, por ser un medio crítico del actual Gobierno”, señala el primer párrafo de la nota.
Pero en el segundo párrafo, La República aclara que todo esto se dio porque Claudia Cornejo Mohme, hija de la accionista del Grupo La República María Eugenia Mohme Seminario, fue designada como ministra de Comercio Exterior en el gobierno interino de Francisco Sagasti, incumpliendo así las reglas del estado por un conflicto de intereses.
“La publicidad observada son edictos y comunicados del Concejo provincial de Islay, Mollendo y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Lo extraño es que todas las sanciones no tienen correlato con la interpretación de la aplicación de ley de publicidad estatal del Tribunal Constitucional —al ser consultado por otro caso similar— y la propia jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones del OSCE, que la ha incorporado como vinculante, al resolver utilizándola en un caso específico”, refiere la editorial del medio.
Señalan que no recibir dinero por publicidad es inconstitucional
“Es más, el TC es claro en señalar en su sentencia que la prohibición para contratar con el Estado solo es universal y general para familiares directos y hasta segundo grado de consanguineidad del presidente de la república. Para otros funcionarios, congresistas, ministros, viceministros e integrantes de instituciones autónomas, la prohibición se circunscribe a la entidad en la que laboran y no se extiende a cualquier otra en el Gobierno”, menciona La República en el cuarto párrafo.
