Lima.– El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció que los tres hijos de Sheyla Lisbet Gutiérrez Rosilló (32), víctima de feminicidio en Estados Unidos, recibirán una reparación económica del Estado peruano. La titular del sector, Ana Peña Cardoza, informó que a cada menor se le otorgará una subvención de 600 soles cada dos meses hasta que cumplan 28 años, siempre que continúen estudiando.
Además, la ministra precisó que todos los gastos relacionados con el traslado del cuerpo de la víctima desde Estados Unidos al Perú serán cubiertos íntegramente por el Estado. “Sabemos que esto no va a reparar el dolor, pero es importante que la familia no tenga una preocupación económica adicional”, señaló Peña, subrayando que el caso debe servir para reflexionar sobre la necesidad de romper el círculo de la violencia contra la mujer.
La asistencia económica forma parte de lo establecido en la Ley 30364, que garantiza protección a los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio. El MIMP, a través de los programas Warmi Ñan y Aurora, brinda también apoyo psicológico, social y educativo a los tres menores, quienes actualmente permanecen bajo el cuidado de su abuela materna. Como parte de este acompañamiento, ya cuentan con becas escolares y equipos tecnológicos para sus estudios.
En paralelo, el ministerio ha gestionado medidas de protección para los niños, tras la denuncia por violencia contra su progenitor, y solicitó garantías personales y rondas de patrullaje diario para la familia. Asimismo, un equipo especializado del MIMP les brinda soporte legal y emocional durante el proceso judicial y de duelo.
El presunto feminicida, Jossimar Cabrera Cornejo, se entregó el miércoles a la sede de Interpol en Lima, luego de que el MIMP solicitara su incorporación al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Jessie Gutiérrez, hermana de la víctima, expresó su alivio por la captura, aunque pidió celeridad en el trámite de extradición. En California, donde ocurrió el crimen, el asesinato en primer grado es sancionado con cadena perpetua sin derecho a libertad condicional o con penas de entre 25 años y perpetuidad.
