Un ciberdelincuente identificado como “Gatito FBI_NZ” ha logrado vulnerar el sistema de denuncias policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú, accediendo a información altamente confidencial que ahora está siendo vendida en foros de la dark web. El hacker asegura haber obtenido 80 GB de datos que incluyen denuncias policiales entre 2019 y 2025, junto con información personal como teléfonos, direcciones, estado civil y placas vehiculares de miles de ciudadanos. La base de datos está disponible desde 1.500 dólares para cualquier comprador interesado.
El programa Punto Final accedió a una muestra del material filtrado, donde se constata que la mayoría de las denuncias provienen de regiones como Lima, Cusco, Junín y Arequipa. El 61% de las víctimas identificadas son mujeres, muchas de ellas denunciantes en casos de violencia de género. También se hallaron registros de delitos como robos, estafas, amenazas y uso de armas de fuego, con detalles personales que comprometen gravemente la privacidad y seguridad de las personas involucradas.
En una entrevista anónima, ‘Gatito FBI_NZ’ explicó que accedió al sistema utilizando credenciales legítimas —usuario y contraseña— adquiridas en grupos cerrados de Telegram y WhatsApp. Según detalló, una vez dentro del sistema, empleó conocimientos de programación para extraer la base de datos completa. Además, señaló que muchas veces son los propios miembros de instituciones estatales quienes venden estos accesos, evidenciando una preocupante debilidad interna en la ciberseguridad del Estado peruano.
Expertos en seguridad informática han manifestado su preocupación ante el alcance de esta filtración. El penalista Ricardo Elías advirtió que la exposición de datos sensibles puede derivar en extorsiones, usurpación de identidad y delitos más graves. Por su parte, Eduardo Chira, de la empresa ESET, afirmó que el uso de contraseñas débiles y la ausencia de autenticación en dos pasos agravan la vulnerabilidad del sistema. “Es una falla humana y tecnológica”, recalcó.
Hasta la fecha, la respuesta oficial ha sido inexistente. La Policía Nacional del Perú no ha emitido comunicados ni ha reconocido el incidente, pese a la obligación legal de reportar filtraciones de datos personales. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales reiteró que las entidades públicas deben actuar con transparencia ante este tipo de incidentes, aunque el silencio institucional persiste. El caso deja en evidencia no solo un grave fallo en la seguridad digital del país, sino también la falta de preparación del Estado para enfrentar amenazas cibernéticas de esta magnitud.
