La mañana del miércoles 6 de agosto, efectivos del Ejército del Perú arribaron a la isla Santa Rosa, ubicada en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, como parte de una acción cívica destinada a fortalecer la presencia estatal en la zona. Los soldados descendieron en el desembarcadero oficial y trasladaron sus equipos hasta el cuartel militar instalado en la isla, acompañado de corresponsales que documentaron el operativo desde la localidad de Caballococha.
El despliegue incluyó la participación de diversas instituciones del Estado y la exhibición de banderas peruanas en puntos estratégicos de la isla. La misión tuvo un enfoque cívico, con actividades orientadas a la interacción con la población local y a la atención de sus necesidades, en un contexto marcado por la reciente reclamación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la soberanía de Santa Rosa.
Presencia militar y respuesta estatal
La operación militar se da tras las declaraciones de Petro, quien consideró la isla como territorio colombiano. En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, mediante el canciller Elmer Schialer, reiteró que el país no cederá “ni un milímetro” de soberanía y confirmó la integración plena de Santa Rosa al distrito de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto. Schialer desestimó la existencia de un diferendo limítrofe con Colombia y calificó de infundadas las objeciones desde Bogotá, recordando que la distritalización formal de Santa Rosa se realizó mediante el Decreto Supremo N.° 012-2025-PCM, aprobado el 3 de julio de 2025.
Testigos locales destacaron la coordinación entre el ejército y otras instituciones, y señalaron que no se registraron incidentes durante el operativo, aunque el ambiente reflejaba expectación debido a las declaraciones colombianas.
Antecedentes históricos y tratados internacionales
La controversia sobre Santa Rosa tiene sustento en la historia de la delimitación fronteriza entre Perú y Colombia. Según la Cancillería peruana, la isla fue asignada a Perú a través del Tratado Salomón-Lozano de 1922 y su protocolo adicional, y ha sido habitada históricamente por población peruana, con presencia de puestos de control militar y civil. La actuación del ejército y la policía busca reforzar la soberanía operativa del país y garantizar que no haya alteraciones al estatus fronterizo vigente.
El Gobierno peruano enfatizó que la presencia militar y las acciones cívicas son un mecanismo de consolidación del Estado en la región amazónica y no representan ningún acto provocativo, sino el cumplimiento de la jurisdicción y soberanía nacional sobre Santa Rosa.
