Un hecho insólito se registró en el penal de varones de Arequipa, donde un docente identificado como Rubén Víctor Reynoso Gonzales fue intervenido por el personal de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) al intentar ingresar 55 chips telefónicos camuflados dentro de su reloj. El intervenido laboraba en el Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) del recinto.
La detección se produjo durante el procedimiento de revisión corporal a los trabajadores que ingresaban al penal. Según el informe, los agentes notaron irregularidades en uno de los relojes que Reynoso portaba. Tras abrir el dispositivo, hallaron los chips de distintos operadores móviles ocultos en su interior, lo que llevó a su inmediata detención y al inicio de las diligencias correspondientes.
El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú fueron notificados de inmediato para el levantamiento del acta y la incautación del material. Los 55 chips fueron confiscados y se encuentran bajo custodia como parte de la investigación preliminar. A través de un comunicado, el INPE reafirmó su compromiso en “frenar cualquier intento de ingreso de objetos prohibidos a los penales del país”, y recordó que se mantiene la política de tolerancia cero frente a la corrupción y el delito dentro de los recintos penitenciarios.
El caso ha generado preocupación, ya que este tipo de dispositivos suele ser empleado por internos para coordinar extorsiones, robos y otros actos delictivos desde el interior de las cárceles. Según la Ley N.° 29867, el ingreso de equipos o sistemas de comunicación no autorizados puede ser sancionado con penas de entre cuatro y seis años de cárcel, y hasta ocho años si el infractor aprovecha su condición de funcionario público o educador para facilitar el delito.
De esta manera, la intervención oportuna del personal penitenciario evitó que se introdujeran medios de comunicación al penal, preservando la seguridad interna. El INPE ha anunciado que reforzará los controles tecnológicos y aleatorios en todos los centros penitenciarios del país para impedir que se repitan hechos similares que pongan en riesgo la integridad y el orden dentro de los establecimientos.
