Las muertes y daños a bienes del Estado ocurridos en diciembre del 2022, en Ayacucho, no pueden quedar impunes. Por ello la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga dispuso ampliar la investigación preliminar en contra de la presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) Rocío Leandro Melgar, por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios.
Dicha investigación está relacionada con los ataques que se produjeron el pasado 15 y 16 de diciembre del 2022 en contra de las instalaciones de diversas entidades públicas en la ciudad de Huamanga en el marco del paro convocado por el Fredepa.
El Ministerio Público sostiene que conforme a sus actas de constatación “el grupo de manifestantes dirigidos por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, realizó graves daños en diversas instituciones públicas tales como Poder Judicial, Telefónica, Colegio de Abogados, Servicio de Administración Tributaria de Huamanga (SAT) y Sunarp”.
Como se recuerda, todos estos establecimientos fueron apedreados, zaqueados o incinerados por iracundos manifestantes.
En tal sentido, la referida investigación no solo comprende a la dirigente del Fredepa Rocío Leandro, sino a todos aquellos que resulten responsables de los ataques vandálicos.
La fiscal provincial penal Ítala Farfán Wilson dispuso tomar en los próximos días las declaraciones de los representantes de las instituciones agraviadas y para el día lunes 16 de enero a las 11 horas se tomarán las declaraciones de Rocío Leandro Melgar como parte acusada.
En este tiempo se recabarán todos los videos de las cámaras de videovigilancia próximos al lugar y los primeros días de febrero se realizará la visualización y transcripción del material audiovisual que se obtenga.
Investigaciones ya están en curso a nivel de la Fiscalía
Cabe señalar que estas diligencias se suman a las investigaciones que ya inició la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de la región Ayacucho, a cargo de la fiscal Karen Obregón Ubaldo, contra el jefe de la Macro Región Policial, el general PNP Antero Mejía Escajadillo; y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, el general EP Jesús Vera Ipenza, como presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, en perjuicio de las 10 personas fallecidas en las protestas.
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