Paulina Facchin, activista por los derechos humanos en Venezuela, denunció que el gobierno peruano le ha notificado sobre una resolución de expulsión del Perú después de vivir más de 10 años en Lima. Las autoridades argumentaron que ella mintió en la información ofrecida durante el proceso que realizaba para conseguir la nacionalidad peruana, sin embargo, mencionó que esto es una cacería de brujas desde que ha sido perseguida por los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
“Debido a la persecución política que sufro, en 2018 solicité la nacionalidad peruana, cumpliendo todos los requisitos jurídicos y eso se convirtió en un proceso arbitrario y una cacería de brujas al mejor estilo del chavismo, pero en Perú”, dijo a RPP Noticias
La activista venezolana indicó que se había expuesto toda su información personal y familiar en redes sociales y en agosto de 2020 le informaron sobre el proceso de expulsión arbitrario porque había mentido en el momento de la solicitud de la nacionalidad, lo cual, dijo, “es completamente falsa”.
“El proceso normal tenía una duración de un año, pero en mi caso fue dos años. Y en medio de la pandemia en el 2020 me notifican que mi solicitud ha sido denegada porque soy insolvente moral. Me iniciaron de forma paralela un proceso sancionador de expulsión”, expuso en una entrevista a Perú21.
La también abogada contó que después de un año en el proceso el resultado fue a su favor, pero sorpresivamente reabrieron el caso para luego sentenciarla para que sea enviada a Venezuela.
“Yo me defendí y se cerró el caso en agosto del año pasado, pero lo reabrieron el viernes y dos veces estoy siendo juzgada por la misma situación. En ningún momento se me ha permitido acceso al expediente. Yo trabajo en un estudio jurídico, yo presenté mis credenciales correspondientes que fueron aprobadas por el ministerio de Trabajo y en Migraciones”, aseveró.
La venezolana aseguró que este es un plan de Nicolás Maduro que quiere llevarla a Venezuela por “denunciar sus acciones contra los derechos humanos” y, de este manera, convertirla en una “nueva presa política”.
Facchin, quien llegó hace más de once años al Perú huyendo de la dictadura venezolana porque su hija había sido blanco de un atentado, comenzó este proceso de cambiarse de nacionalidad en 2018 cuando había cumplido 8 años en territorio nacional. Desde entonces, delató que recibe amenazas por las denuncias que hace por la violación de los derechos humanos de los millones de venezolanos.
“Sabemos que el gobierno del Perú ha retomado las relaciones políticas y diplomáticas. Hace dos semanas supimos a través de El Peruano tenía la formación de un convenio judicial que que luego Cancillería rechazó. El año pasado justamente Perú21 hizo público el listado que solicitaba Venezuela de refugiados migrantes extraditables. Yo tengo en mi conciencia que yo no he incumplido de ninguna manera la ley peruana”, confesó.
“AMIGOS DE VENEZUELA” RECHAZAN EXPULSIÓN
El colectivo “Amigos de Venezuela” lamentó que el Poder Ejecutivo haya decidido expulsar a Paulina Facchin, una de las mujeres más críticas de la dictadura de Nicolás Maduro en Perú.
“Nuestra más enérgica protesta y rechazo a esta decisión, que tiene por objeto acallar la voz de una activista de los derechos humanos, perseguida política en su patria, que se ha caracteriza por representar en el Perú a los sectores democráticos venezolanos, de cuyo trabajo damos fe”, se lee en el documento.
Plantearon que la resolución contra la activista venezolana debe ser dejada sin efecto porque existe un grave riesgo contra su vida.
“El art. 22 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que señala que en ningún caso puede ser expulsado a otro país, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo a violación a causa de sus opiniones políticas”, agrega la misiva.
El colectivo aseguró que si Facchin regresa a Venezuela lo único que le esperaría es la prisión y podría perder la vida, y añadió que es escandaloso que el Gobierno peruano no haya expulsado a los delincuentes venezolanos con permanencia ilegal en el Perú, pero quiera expulsar a la activista venezolana, a quien se le considera, “una persona honorable, abogada registrada y que reside en Perú desde hace 11 años con su familia”.
RESPUESTA DE MIGRACIONES
La Superintendencia Nacional de Migraciones contestó, a través de su cuenta de Twitter, sobre el caso de Paulina Facchin, que fue iniciado en otro gobierno y que se establece en la gestión actual.
El organismo del Estado Peruano adscrito al Ministerio del Interior informó que “espera la interposición de los recursos administrativos reconocidos por ley para revisar el caso”.
“La Superintendencia Nacional de Migraciones garantiza el estricto respeto de los tratados sobre derechos humanos de los que el Perú es parte”, concluyó.
