En un tiempo de pandemia, crisis mundial e incertidumbre política, muchos peruanos están preocupados por el rumbo que tomará el país. Ya en el 2021 la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) (1) advertía que, luego de la pandemia, siete de cada diez distritos registraban inseguridad alimentaria en nuestro país (2). Es por ello, que el gobierno que asumiría el poder, tendría el enorme desafío de revertir esta situación, sobre todo para las familias más afectadas.
En julio del mismo año el izquierdista Pedro Castillo juramentó como presidente de la república del Perú. Las propuestas de campaña del cajamarquino ya tenían preocupados a los inversionistas, debido a que, una de las grandes propuestas era la convocatoria a una asamblea constituyente. Los temores se concretaron con la presentación del primer gabinete encabezado por el congresista perulibrista Guido Bellido, esto trajo como consecuencia la mayor caída de la moneda luego de siete años, el incremento del precio del dólar y la afectación de las empresas mineras por la subida del precio de la moneda extranjera (3).
Estas situaciones complicaron, directamente, un estado conocido como la Seguridad Alimentaria y Nutricional (4). En este panorama los peruanos tienen el derecho de acceder en todo momento a alimentos variados, saludables, respetuosos de sus costumbres, nutritivos e inocuos. Generalmente esto se ve vulnerado por situaciones que sobrepasan el control de los gobiernos como los desastres naturales, conflictos externos o internos y emergencias sanitarias. No obstante, hoy podemos apreciar que la situación política también puede jugar un rol fundamental al momento de agravar o mejorar la condición alimentaria de la población.
Como si la pandemia no fuera suficiente, en los últimos meses otros factores internacionales han jugado en contra de la seguridad alimentaria de las familias peruanas y, lamentablemente, el gobierno no ha sabido enfrentar el incremento de precios de los combustibles y alimentos. A la fecha, encontramos que en los lugares más vulnerables se multiplican las ollitas comunes. Si bien ya se cuenta con el decreto supremo (5) que procura beneficiar estas ollitas, este no es la garantía de que las familias recuperen la autonomía de consumo de alimentos a través mejores ingresos. Todo lo contrario, se estaría generando una dependencia a la ayuda social.
La generación de la dependencia al asistencialismo podemos apreciarla con la solicitud de la presidencia al congreso para la aprobación de un proyecto de ley que busca otorgar bonos alimentarios a la población (6). Sin lugar a dudas, es una ayuda que no puede negársele a las personas, pero significa un mayor endeudamiento que deberemos pagar los peruanos y, sin la correcta reactivación económica, el sobre endeudamiento sería inminente en un futuro cercano. Sin mencionar que este gobierno tiene serios indicios de corrupción, con lo que los fondos corren un serio riesgo de ser desviados.
Finalmente, para responder a la pregunta inicial, la olla de los peruanos cada día recibe menos alimentos, por la incertidumbre que genera la coyuntura internacional y el mal manejo del país. Por ello, es importante que los peruanos entendamos que el manejo del mismo no es cosa de juego y necesita a los mejores profesionales en la dirección del mismo. Hoy la izquierda nos demuestra, una vez más, que su modelo solo genera hambre y, por esa razón, una de las cosas que puede proteger a los peruanos es mantener la constitución que ha permitido que el país puede crecer, a pesar de las diversas situaciones políticas que atravesó en el tiempo.
