El Pleno del Congreso de la República aprobó recientemente la “Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun)”, una norma que incluye una polémica medida: la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) del 16% al 14% a partir del año 2026. La presidenta Dina Boluarte ha anunciado que promulgará la ley, respaldada también por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a pesar de la fuerte oposición de expertos en política fiscal.
Esta reducción del IGV se encuentra contemplada en la tercera disposición complementaria modificatoria de la ley, que cambia el artículo 17 del Decreto Legislativo 821. Aunque oficialmente el IGV en Perú es del 18%, este se compone de un 16% correspondiente al impuesto en sí y un 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM). Con la nueva norma, el IGV bajará a 14%, mientras que el IPM aumentará hasta 4%, duplicando los recursos destinados a los municipios del país.
No obstante, el impacto fiscal de esta medida ha generado una ola de críticas. El exministro de Economía, Waldo Mendoza, calificó la norma como “la más dañina de este siglo”, advirtiendo que podría generar pérdidas de hasta 10 mil millones de soles anuales, una cifra equivalente a un punto porcentual del Producto Bruto Interno (PBI). El exjefe de la SUNAT, Luis Arias Minaya, señaló que esta redistribución presupuestal carece de sustento técnico y no contó con la opinión previa del MEF. “Esta es una farra fiscal populista que traslada la carga económica al próximo gobierno”, afirmó.
Desde el Ejecutivo, el premier Eduardo Arana aseguró que la norma será promulgada a la brevedad, señalando que el Gobierno prioriza atender las necesidades de los ciudadanos. A su vez, el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, destacó que el incremento gradual del Foncomún —de 2% a 4% entre 2026 y 2029— beneficiará a más de 2.000 municipios del país. Sin embargo, reconoció que se requiere trabajar en una mayor recaudación, lo cual contrasta con la reducción del IGV.
La medida ha encendido el debate sobre su constitucionalidad. Arias Minaya sostiene que la ley es inconstitucional, al imponer obligaciones de gasto sin dar margen de maniobra al Ejecutivo, lo que podría afectar la sostenibilidad fiscal. A pesar de ello, la postura ambigua del Gobierno complica cualquier intento de llevar el caso al Tribunal Constitucional. Con esta reforma, el Congreso redistribuye los fondos del Estado, reduciendo los recursos del Gobierno central en favor de los municipios, sin asegurar que estos se destinen a inversión pública efectiva.
