El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, respondió con fuertes calificativos a la candidata presidencial Marisol Pérez Tello, luego de que ella difundiera un mensaje en su cuenta X señalando que “El Perú necesita acuerdos, no trincheras, necesita personas capaces y honestas, vengan de donde vengan. Es hora de que la política ponga primero a la gente”.
En su réplica, Cerrón acusó directamente a Pérez Tello de haber favorecido a empresas vinculadas al caso Odebrecht durante su gestión como ministra de Justicia.
“Esta corrupta que salvó de la cárcel a los cabecillas de Odebrecht y les permitió seguir contratando con el Estado, ¿qué habla? Recuerde su DL 1301 y su DU 003, dos puñaladas al Perú”, escribió en su cuenta X.
El intercambio se da en un contexto de tensiones propias de la campaña electoral, en la que ambos candidatos buscan posicionarse frente al electorado mientras reavivan debates sobre decisiones políticas del pasado.
¿Marisol Pérez Tello promovió y firmó el Decreto Legislativo N.° 1301 y el Decreto de Urgencia N.° 003-2017?
Durante su gestión como ministra de Justicia bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Marisol Pérez Tello promovió y firmó el Decreto Legislativo N.° 1301 y el Decreto de Urgencia N.° 003-2017, normas que según críticos han generado controversia por supuestamente favorecer la impunidad de grandes criminales y complicar la persecución de actos de corrupción en el país.
El Decreto Legislativo 1301, que modificó el Código Procesal Penal, fue denunciado por sectores como pro-crimen, pues permitió que cabecillas criminales pudieran acogerse al proceso de colaboración eficaz con beneficios de reducción o suspensión de penas, lo que, según detractores, habría debilitado la sanción contra dirigentes principales de organizaciones ilícitas.
Asimismo, el Decreto de Urgencia (DU) 003-2017, también firmado por Pérez Tello, quedó en el centro de la polémica relacionada con el caso Odebrecht. Según opositores, esta norma estableció mecanismos que habrían facilitado la venta de activos de empresas cuestionadas por corrupción bajo condiciones que, en opinión de críticos, beneficiaron intereses privados y complicaron la reparación civil al Estado.
Estas decisiones ministeriales fueron fuertemente cuestionadas en su momento por sectores políticos y especialistas, y continúan siendo utilizadas por adversarios para argumentar que Pérez Tello tomó medidas que, lejos de fortalecer la lucha contra la corrupción, ayudaron a sectores señalados de haber cometido graves delitos.
