La repentina y violenta muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal durante la gestión de Susana Villarán, ha desatado una ola de sospechas y declaraciones explosivas. El excongresista Víctor Andrés García Belaunde no dudó en afirmar que el asesinato del también conocido como “Budián” fue un intento deliberado por silenciarlo y borrar huellas de una red de corrupción con conexiones internacionales. “Lo han degollado porque hay mucho dinero de por medio y esperan borrar todo”, declaró a medios locales.
Castro fue uno de los personajes clave en las negociaciones con la empresa brasileña OAS y el proyecto Línea Amarilla, casos que están siendo investigados en el marco de Lava Jato. Para García Belaunde, su rol como operador político y financiero lo convirtió en una pieza central de un esquema de corrupción que aún no ha sido completamente revelado. Su fallecimiento, en circunstancias extrañas, ha reavivado las alertas sobre el poder de las mafias infiltradas en la política nacional.
La penalista Romy Chang también descartó que se trate de un suicidio. “La forma en que habría ocurrido la muerte no me hace ver un suicidio. Me recuerda al caso de Nilo Burga en Qali Warma, una muerte similar. Me preocupa que estemos ante el mismo sicario o una organización que busca esconder información”, declaró. Sus declaraciones coinciden con la del jurista Andy Carrión, quien consideró que no debe cerrarse la hipótesis de homicidio. “Deberíamos preguntarnos: ¿a quién beneficia esta muerte?”, añadió.
El exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, calificó el hecho como “terrible” y dijo que “da la sensación de que detrás hay un grupo que maneja situaciones irregulares”. También recordó que Castro estaba en negociaciones para convertirse en colaborador eficaz, lo que agrava las sospechas. “Es curioso que alguien que negocia ser un colaborador especial termine muerto”, enfatizó.
Por su parte, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, anunció que pedirá al Poder Judicial que las declaraciones de José Miguel Castro sean leídas en juicio oral, pese a no haber firmado un convenio de colaboración. Aseguró que la ley lo permite en casos de fallecimiento de un testigo clave. “Castro no expresó amenazas directas, pero sí tenía cierta preocupación”, concluyó. La muerte del exfuncionario deja más preguntas que respuestas y plantea un nuevo giro en uno de los casos de corrupción más importantes del país.
